El pleno de la Asamblea nacional decidirá el destino de las leyes, Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y Ley de Apoyo Humanitario, para afrontar la emergencia del covid-19. Foto: Twitter @AsambleaEcuador
En el Pleno de la Asamblea se discute hoy, jueves 14 de mayo del 2020, en su fase final las dos leyes de carácter económico urgente que envió el Presidente de la República, Lenín Moreno. Si no hay acuerdos, las dos leyes podrían aprobarse por el Ministerio de la ley.
Se trata de las leyes de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y de Apoyo Humanitario, las dos tienen como objetivo superar la crisis económica del covid-19. El sábado es el último día en el que el Legislativo puede enviar sus observaciones y cambios, sino serían publicadas con el texto original que envió el Ejecutivo.
La tarde de este jueves 14 de mayo del 2020 el presidente Moreno publicó en su cuenta de Twitter que pidió a los legisladores que lo respaldan, y “ahora pido a la @AsambleaEcuador (Asamblea Nacional), que eliminen de la Ley Humanitaria todo lo relacionado con contribuciones, para de esa manera aprobar las normas que permitan llegar pronto a acuerdos”.
Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas
El Pleno de la Asamblea tenía previsto retomar hoy, a las 08:00, el debate del proyecto de Ley económico urgente para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, pero esto no se concretó sino hasta las 14:30 de hoy.
Existen desacuerdos entre los asambleístas en torno a uno de los nueve puntos clave que contiene el proyecto económico que impide que el análisis final del texto continúe en el Pleno. Ese aspecto se refiere a la autonomía de las entidades de la seguridad social y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que estaría en riesgo con esta normativa.
La Ley es parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar el manejo de los recursos fiscales.
La reforma plantea que el Ministerio de Finanzas tenga más facultades para el control del gasto y que esa capacidad se amplíe a más entidades del sector público.
Actualmente, la Cartera tiene competencias sobre las instituciones que forman parte del presupuesto general del Estado (como institutos, secretarías, agencias o ministerios), pero deja fuera a GAD, empresas públicas y entidades de la seguridad social.
La reforma propone incluir a esos tres sectores en el sector público no financiero para ampliar el espectro de control presupuestario. Finanzas podría, de aprobarse la reforma, fijar techos de gasto en esas áreas, lo cual según varios asambleístas viola la autonomía de esas entidades establecidas en la Constitución.
Para ajustar el tema, la Comisión de Régimen Económico presentó el martes pasado, 12 de mayo del 2020, un informe para segundo debate que señala textualmente que esos sectores gozarán de autonomía, pero el tema no convenció a todas las bancadas y el debate se suspendió por dos días consecutivos sin acuerdos.
Hoy la Comisión remitió un nuevo texto que deja fuera del sector público no financiero a la seguridad social y la ubica como una categoría aparte en el sector público.
Ley de Apoyo Humanitario
Desde que el Ejecutivo remitió este proyecto con el carácter de económico urgente a la Legislatura, el pasado 16 de abril, la base para las contribuciones de empleados y empresas tuvo dos cambios.
Para el primer debate, el informe de la comisión especializada sugirió como base para los aportes los sueldos netos desde USD 750, en vez de los USD 500 que dice la propuesta original.
Ahora para el debate decisivo, esto se incrementó a los USD 2 500 tanto para empleados públicos y privados.
Mientras que para el caso de las sociedades se fijó como base USD 2,5 millones de utilidades en 2019, cuando el Gobierno propuso desde USD 1 millón para un aporte del 5% a la cuenta humanitaria.
César Rohón, del Partido Social Cristiano (PSC), y Guilllermo Celi (Suma), ratificaron su oposición a nuevos tributos y plantearon al Pleno un informe de minoría con alternativas como incentivos para la repatriación de capitales al país y la creación de un fideicomiso en la bolsa. Ambos partidos controlan 20 curules.
El bloque de Creo tiene 18 integrantes. Homero Castanier, uno de ellos, condicionó el apoyo de su bancada a que se excluya a las contribuciones del proyecto.
“No vamos a apoyar tal como está, dese de baja el capítulo de las contribuciones, de los impuestos, y podemos estar hablando para mejorar estas medidas solidarias y de impulso a la economía”, dijo.