Redacción Negocios
A 10 días de que se cumpla el plazo dado por el Presidente para cerrar 33 entidades financieras, aún no termina la conciliación de cuentas entre instituciones.
Solo 25 tienen listas las minutas de transferencia de sus activos al Banco Central (BCE), el cual hasta ayer no tenía la resolución del Directorio que avale el traspaso.
Hasta el 15 de noviembre pasado se debía concretar el monto de pérdidas de cada banco para que el liquidador tome a cargo los bienes de los ex accionistas.
En esta fecha también debía entregarse la lista de administradores y empleados que hubieren causado perjuicio a las entidades.
De estos dos últimos trámites, la Veeduría Ciudadana no tiene “ninguna evidencia”, como tampoco de la información definitiva del proceso liquidatorio, señaló su presidente Gastón Bolaños.
No obstante, la Veeduría pidió a la Secretaría de los Pueblos que solicite a la Contraloría exámenes especiales a la gestión de liquidadores y administradores que han participado en estos 10 años.
Lo que la Veeduría pudo constatar hasta ayer es que persisten problemas, como diferencias entre activos y pasivos, falta de registros contables y bienes con prohibición de enajenación.
En el caso del Banco del Progreso, el déficit patrimonial bordearía los USD 1 000 millones, según la liquidadora. Este monto pudiera compensarse con el remate de activos incautados al ex accionista, Fernando Aspiazu, entre ellos la ex Categ, con lo cual este rubro se reduciría un 50%.
A decir de Bolaños, el ex accionista viene insistiendo en que se concilien las cuentas entre lo que adeuda y el cobro a través de los bienes incautados, para conocer las cifras
definitivas. Pero no existe tal conciliación entre la liquidadora, la Superintendencia de Bancos (SBS) y la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Asimismo, el 23 de junio pasado, la AGD inició la acción legal en el Juzgado 23 de lo Civil de Guayaquil por USD 1 000 millones, a fin de cobrar una indemnización por daños y perjuicios derivados del delito de peculado al ex accionista. La Corporación Financiera Nacional (CFN) también debe pronunciarse sobre la cuantificación de sus acreencias en este banco. Otro inconveniente es que la Policía ocupa un edificio de la entidad, pero desde hace seis años adeuda USD 300 000, por lo que faltan coordinar acciones entre el Ministerio de Gobierno y la Policía. El Progreso arrastra, además, 6 500 juicios.
Respecto a Filanbanco, la liquidadora y la SBS no determinan la deuda real de los accionistas, pese a los continuos requerimientos de la Veeduría. Este banco tiene pendientes de pago 55 145 depósitos garantizados por USD 28,4 millones; otros 10 866 depósitos no garantizados que suman USD 285 millones.
Los gastos anuales de saneamiento y liquidación alcanzan los USD 37,6 millones en 10 años.