17 de febrero de 2020 15:20

Plantones en la Corte Constitucional por la minería, una hidroeléctrica y compra de renuncias

Manifestantes en los exteriores de la Corte Constitucional este lunes 17 de febrero del 2020. Foto: EL COMERCIO

Manifestantes en los exteriores de la Corte Constitucional este lunes 17 de febrero del 2020. Foto: EL COMERCIO

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Daniel Romero

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Este lunes 17 de febrero del 2020 se desarrolló una jornada de plantones en los bajos de la Corte Constitucional (CC). Sectores a favor de la minería, representantes de comunidades cercanas a la hidroeléctrica Hidrotambo y una asociación de personas desvinculadas del sector público por el Decreto 813, pidieron pronunciamientos de la CC.

Con respecto a la minería, representantes de varias organizaciones a favor de esa actividad, presentaron un amicus curiae para ser escuchados como parte de la causa que tramita la CC sobre el pedido de consulta antiminera hecha por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez.

José Gómez, coordinador de Relaciones de la Curimae, señaló que hay una intención política detrás de la iniciativa del Prefecto de Azuay. “Venimos a decirle a la Corte que no es justo que un sector naciente enfrente este tipo de recurso (consultas antimineras) por parte de personas que solo tienen un interés político”, manifestó.

El fundamento del amicus curiae, según explicó Gómez, es que se descarten este tipo de consultas populares.

Sin embargo, en diciembre del 2019, la CC hizo un análisis de tres sentencias relacionadas con consultas mineras: la de cuatro cantones de las provincias del Carchi e Imbabura, la primera presentada por Pérez y una tercera presentada por el alcalde del cantón Ponce Enríquez, de la provincia del austro.

Dicho análisis estableció que sí es posible realizar este tipo de consultas sobre actividades mineras en territorios específicos. Sin embargo, la CC ha sido muy exigente en el control constitucional de las preguntas. Ninguna de las tres fue aprobada.

Los manifestantes piden el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre sus requerimientos. Foto: EL COMERCIO

Los manifestantes piden el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre sus requerimientos. Foto: EL COMERCIO

El próximo 3 de marzo vence el plazo para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el pedido hecho por Pérez que busca restringir actividades mineras en fuentes de agua y revertir concesiones a empresas.

Durante la mañana también asistieron a la CC representantes de la Comunidad de San Pablo, que se ubica en la provincia de Bolívar. Dicha comunidad está cerca del proyecto hidroeléctrico Hidrotambo.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó un recurso de amicus curiae para ser escuchado dentro de este caso que fue seleccionado por la CC para emitir una sentencia de revisión (marcar un precedente jurídico).

Grupos por temas relacionados a la minería, la hidroeléctrica Hidrotambo y compra de renuncias coincidieron en la Corte Constitucional este lunes 17 de febrero del 2020. Foto: EL COMERCIO

Grupos por temas relacionados a la minería, la hidroeléctrica Hidrotambo y compra de renuncias coincidieron en la Corte Constitucional este lunes 17 de febrero del 2020. Foto: EL COMERCIO

Carrión explicó que las diferentes acciones de protección presentadas por la comunidad han sido negadas y espera que esta vez la CC revierta esas decisiones.

También hubo una manifestación en contra del Decreto Ejecutivo 813, resuelto por el exmandatario Rafael Correa con el que se viabilizó la desvinculación de servidores públicos mediante la compra de renuncias.

Los afectados piden que la CC declare la inconstitucionalidad de esa decisión. Actualmente el tratamiento de esta causa está nuevamente en la CC, después de que se presentó un pedido en ese sentido, en el 2018.

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