6 de junio de 2019 14:48

USD 700 000 demandará el plan de seguridad para la Universidad de Guayaquil

El plan de seguridad para la Universidad de Guayaquil contará con cámaras de vigilancia ancladas al ECU 911. Foto: MARIO FAUSTOS/ EL COMERCIO

El plan de seguridad para la Universidad de Guayaquil contará con cámaras de vigilancia ancladas al ECU 911. Foto: MARIO FAUSTOS/ EL COMERCIO

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Elena Paucar

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La instalación de torniquetes y plumas en seis puertas, cámaras conectadas con el sistema ECU- 911 y la reestructuración de la unidad interna de vigilancia son algunas estrategias del plan de seguridad, que es parte de la declaratoria de emergencia en la Universidad de Guayaquil.

Roberto Passailaigue, rector y presidente de la Comisión Interventora delegada para este centro de estudios, explicó este jueves 6 de junio de 2019 que la aplicación del plan demandará una inversión de USD 700 000. El plazo para la implementación de la primera fase será de entre tres y cuatro meses.

Sin embargo, la falta de recursos preocupa a las autoridades. El rector reiteró que el Ministerio de Finanzas le adeuda a la universidad USD 17 millones, monto que hace falta para reforzar la vigilancia.

La declaratoria de emergencia es una respuesta a los atentados con artefactos explosivos que ha sufrido la universidad en los últimos dos meses. El más reciente fue el pasado 29 de mayo, cuando detonó una bomba debajo de un auto estacionado en la Facultad de Ciencias Médicas.

“La hipótesis es que esto es programado por las personas que no quieren que se acabe la corrupción, con quienes quieren que siga la inoperancia y las cosas irregulares. Esto es de las mafias enquistadas en la universidad”, dijo Passailaigue.

Restos de una cinta de peligro permanecen atados a un árbol junto al parqueo donde ocurrió el atentado. Sobre el asfalto aún hay vidrios y un agujero evidencia la fuerza de la detonación. Desde ese día, nadie se atreve a estacionarse en ese espacio.

Jean Carlos Intriago asiste a esa facultad y asegura que los estudiantes requieren más información sobre los planes de seguridad. “El día de mañana puede pasar en un aula y nosotros seremos los afectados. Lo único que nos mantendrá tranquilos es saber en qué instancias se encuentran las investigaciones”.

El rector detalló que por ahora definen la estrategia para que solo ingresen los estudiantes, docentes y personas autorizadas a la ciudadela universitaria. Una de las alternativas es entregar credenciales.

Además se planifica la contratación de una empresa que se haga cargo de la vigilancia vehicular. Y el aumento del personal de seguridad; por ahora hay 60 guardias.

Como parte del plan también se recopila información de los comedores y sitios de venta dentro de la universidad. Passailaigue indicó que solo 40 comerciantes han entregado supuestos contratos. “No hay vendedores legalizados al interior (…). Hay aulas que son ocupadas por fotocopiadoras, que le paga a alguien y la universidad no sabe de esos recursos”.

Por ahora la Policía colabora en los controles. Un escuadrón de policiclos vigila el campus Salvador Allende de 08:00 a 22:00. Son seis agentes policiales que recorren la ciudadela universitaria en bicicletas.

La cabo primero Betsy Cornejo explica que dan consejos de seguridad a los cuidadores autorizados de autos y también realizan operativos para decomisar sustancias ilícitas.

El pasado lunes, un equipo antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) realizó un operativo sorpresa en los patios y salones de las Facultades de Ciencias Médicas y Jurisprudencia. Entraron con canes y equipos especializados.

Los controles se intensificaron a raíz de la circulación de un panfleto en esta semana. En este se indica que “por cada vez que no cumplan las peticiones haremos explotar una bomba, no en un carro, sino en una facultad”.

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