Redacción Construir
¿Cuáles son los alcances del nuevo programa estatal de vivienda?
¿POR QUÉ
ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia. Alberto Andino es el actual presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Fue Viceministro de Vivienda y concejal de Quito.
Su punto de vista. Con este programa estatal mejorará el trabajo de las promotoras y el crédito para el ciudadano tiene mejores condiciones y plazos.
Hay que reconocer que jamás se ha invertido USD 600 millones en el sector de la construcción de vivienda en toda la historia del país. Por lo tanto, es un dinero que, bien utilizado, puede posibilitar proyectos integrales de vivienda.
¿Qué significa integrales?
No proyectos individuales sino colectivos. En los cuales el Municipio, la comunidad y los profesionales puedan hacer buena arquitectura juntos. Yo creo que, de cierta manera, el Presidente nos tira la pelotita: aquí tienen el dinero pero… háganlo bien.
Entonces, ¿el entorno cuenta?
Seguro. No se trata solo de un cierto número de casas y de m². Si hablamos de vivienda social, lo fundamental es crear un hábitat, crear calidad de vida. No es asunto de meter a ciudadanos que ni se conocen en grandes guetos. Es preciso trabajar con las organizaciones sociales, con las cooperativas, con los gremios y generar espacios públicos, sitios de encuentro, espacios de servicios. Eso permitirá que la educación, la salud, el transporte y la seguridad sean parte del diseño urbano.
¿USD 600 millones solo para 40 000 viviendas?
No. Este dinero está dividido de la siguiente manera: 200 millones para el bono de la vivienda, 200 millones para los promotores de vivienda y el resto para generar crédito para la clase media. Con este programa ya no solo se consideran los planes de interés social, sino también créditos para casas de hasta USD 60 000, con el 5% de interés. Es el tan comentado programa Mi primera casa. Esta es una buena alternativa para tener casa nueva propia.
¿Una opción para familias que tienen un ingreso mensual de hasta USD 2 180?
Ese es el tope. Eso sucede porque de los USD 60 000, solamente se necesita el 10% de entrada. Si el Estado entrega un bono de USD 5 000, el interesado solo necesita un ahorro de USD 5 500 para completar el 10% requerido. El crédito restante, más o menos USD 50 000, requiere de un ingreso familiar de USD 2 180.
¿Cuál es la función del promotor en este esquema?
El ciudadano común no sabe que para tener un proyecto de vivienda debe haber financiamiento para el promotor, pues es quien construye. Pero, ojo, el promotor no es solamente un constructor; una cooperativa también puede hacerlo. Una cooperativa que tiene un número de socios considerable y ya posee un terreno propio debe ser considerada un potencial promotor.
¿Qué otras ventajas tiene Mi primera casa?
La principal es que no se trata de un capital golondrina. Los USD 200 millones para los constructores permiten créditos de corto plazo, que regresan al Banco de la Vivienda (BEV) pronto, una vez que el constructor vende su producto. Así, el BEV tiene un fondo de USD 200 millones que generará proyectos de forma continua, y no se esfumarán, como ha sucedido muchas veces.
Eso también debe buscarse en la generación del dinero para el bono, pues este sí puede acabarse si no se toman medidas para refinanciarlo. El momento que se acaben los millones dedicados al bono llegarán los problemas.
¿Cómo lograr esto?
Es importante trabajar en políticas de largo plazo, que permitan que haya dinero para el bono de forma permanente. Para lograr esto se necesita de una Ley de Vivienda y de Suelo.
¿No hay un proyecto en estudio por la Asamblea?
Hay un proyecto, pero pensamos que la ley debe ser más consensuada. Creo que la ley debe tratar temas fundamentales, como la generación constante de dinero para el bono, por ejemplo.
Con el solo anuncio de la entrega de los 700 millones el precio de los terrenos subió. La especulación empezó a dispararse.
Ahí hay una gran tarea para el Estado y los municipios, que deben incorporar reglamentaciones para frenar la especulación.
¿Cómo cuáles?
El Colegio de Arquitectos de Pichincha (CAE-P) plantea que se declaren grandes zonas para vivienda alrededor de las ciudades. Zonas en las cuales el costo del suelo se congele al precio del avalúo comercial de este momento.
¿Y por qué no hacer lo mismo con el gran porcentaje de suelo subutilizado que tienen ciudades como Quito?
En Quito, el 30% del suelo urbano está subocupado, dedicado al engorde. El impuesto al solar no ocupado es insuficiente para frenar la especulación.
¿Qué propone el CAE-P?
Planteamos un mecanismo nuevo que ya se utiliza en Colombia y Brasil, y que se llama ‘generación de nuevo suelo’.
¿Cómo funciona?
El objetivo es densificar la ciudad alrededor de plazas, parques, iglesias… En una edificación de dos pisos, que tiene un valor, y es recalificada para tener más pisos, ya no es solo el propietario quien se beneficia sino que el costo del suelo, asociado a ese incremento de altura, pasa al Municipio. Y con prioridad de compra de los terrenos que no están edificados.
Solo así, esos lotes pasarán a servir a la ciudadanía y no permanecerán como lotes de engorde.
Hay que aclarar una cosa: el dinero no debe concentrarse en las grandes ciudades, pues puede causar más inmigración, por la gente que quiere el bono y no lo encuentra en su pueblo.