Redacción Judicial
Las primeras pruebas del sistema nacional interconectado entre la Policía Judicial y la Fiscalía arrancarán mañana. Este mecanismo pretende que los uniformados y los investigadores compartan, en tiempo real, toda información sobre las denuncias que ingresan a sus oficinas.
Esta es una de las medidas para combatir a la delincuencia y se aplicará tras siete años de espera. En 2003, el nuevo Código de Procedimiento Penal estableció que uniformados y agentes fiscales trabajen coordinadamente en la investigación antidelictiva. Sin embargo, eso no ocurría.
El trabajo en Quito
El alcalde de la capital, Augusto Barrera, anunció que en los próximos días se abrirá un centro de justicia integral. La idea es que policías, fiscales y jueces penales trabajen juntos.
La intención es descongestionar las sedes de la Fiscalía y de la PJ, de las calles Roca y Juan León Mera, a donde acude la mayoría de los denunciantes.
El ministro de Justicia, Néstor Arbito, pidió a la ciudadanía que denuncie los casos de corrupción de jueces.
Los ministerios de Gobierno, de Justicia, la Fiscalía de la Nación y la Policía Judicial se comprometieron a terminar con ese vacío. Ayer, los representantes de esas instituciones se reunieron en el despacho del fiscal general, Washington Pesántez, para articular el plan antidelitos para este año.
En esa cita, se anunció que el programa informático para el intercambio de datos entre la Policía Judicial y la Fiscalía, por Internet, está en proceso. Según Pesántez, esto servirá para mejorar la política penal, porque se conocerá con certeza el número de denuncias que ingresan. Además, está previsto que el sistema se amplíe para que los jueces también tengan acceso a esa información.
Este trabajo vendrá acompañado de un plan para modernizar a la Policía Judicial. En las próximas semanas empezará a funcionar el equipo para diferenciación de ADN, que antes no tenía esa institución. También se reforzarán los equipos de Criminalística y Balística, con la intención de que las investigaciones sean más rápidas.
En ese sentido, las autoridades policiales pidieron al Ejecutivo que se entregue para este año un presupuesto especial para la Policía Judicial. La cifra solicitada no fue hecha pública, pero el argumento es que servirá para la profesionalización de sus unidades, pues hasta el momento la PJ se financia con los recursos que ingresan por el remate de autos o mercadería robados, que no han sido reclamados.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, sostuvo que la profesionalización de esta unidad será una realidad en este año. La idea es que equipos especializados frenen al crimen organizado y tengan los mismos resultados que las unidades antidrogas del país.
El funcionario también anunció que para combatir el crimen común se crearán las ‘ zonas seguras’ en cada ciudad. El plan piloto arrancará en Quito y luego se extenderá al resto del país.
Para Pesántez, estas tareas servirán para combatir la delincuencia, pero también espera que se concreten las reformas penales que ofreció la Asamblea. Entre los cambios que se plantearon están que se limiten los recursos judiciales que pueda plantear un acusado y que puedan servir para entorpecer el trámite de un juicio.
Hoy está previsto que los asambleístas discutan esas reformas. Sin embargo, no entrarán en vigencia inmediatamente, pues el debate está en la etapa inicial.