En Quito se debate un sistema de restricción vehicular. Las autoridades municipales buscan aliviar el grave problema de movilidad.
A nadie escapa que circular por las calles y avenidas de la capital en las horas pico -aquellas de entrada y salida masiva de las oficinas- supone un auténtico problema. Congestión, mal humor y horas de atascos son el pan de cada día. Si además es viernes por la tarde y llueve, la aventura puede tener visos de drama emocional.
Nada hay nuevo bajo el sol, atendiendo a un viejo adagio popular. El sistema Pico y Placa ya se ha practicado en otras ciudades con distintos resultados. Hace dos décadas en Buenos Aires y Ciudad de México se empezó a aplicar la restricción por el sistema del último dígito de las placas vehiculares. Unos días circulaban las de números pares y otros las impares con restricciones durante todo el día. Santiago de Chile suma al problema de la congestión rangos severos de contaminación y también se impusieron restricciones. Bogotá, ejemplo cercano y reciente, empezó aplicando el Pico y Placa, aumentó la medida a una restricción diaria y ahora hay dos días a la semana de restricción total.
Lo visto: que es una medida temporal que causa estragos y cuya aplicación acarrea dificultades en el control de la circulación.
Varios expertos sostienen que para Quito no se cuenta con estudios ni suficientes ni profundos, ni actualizados como para ejecutar una decisión de tanto impacto y de modo tan apresurado.
Las primeras informaciones señalaron que en marzo se pondrá en práctica.
En una reciente tertulia radial dos estudiosos como Fernando Carrión y César Arias sostuvieron que no existen estudios suficientes. Carrión dijo que, además, la restricción -que busca disminuir un 20% de los automotores particulares- solamente es válida por un tiempo determinado. Aludió al crecimiento del parque automotor (9% anual) con lo cual los efectos de aligerar el tránsito solamente servirían por algo más de dos años. Adicionalmente refirió a estudios de impacto en la economía en las ciudades donde la medida se puso en vigor.
Uno de los problemas de fondo es que Quito no cuenta con un transporte público adecuado. No es suficiente para abastecer la creciente demanda, no es de calidad, comodidad ni seguridad y además, en vista de la topografía y la extensa longitud de la ciudad, no tiene ni vías ni redes de transporte públicos que circulen de oriente a occidente y viceversa.
Las unidades de taxi, un servicio saturado de suyo en las horas pico, tampoco darían abasto a la posible demanda.
Como si esto fuera poco, la oferta de campaña de un sistema de Metro puede ser demasiado costosa, los estudios técnicos podrían tardar años y la conclusión de la obra, con las consabidas molestias durante su ejecución, no se concretaría antes de 2018.