Redacción Negocios
Petroecuador pidió ayer la caducidad del contrato de participación para la extracción de gas en el golfo de Guayaquil. La operadora es Energy Development Corporation (EDC), filial de Noble Energy.
Fuentes de Petroecuador dijeron a este Diario que el titular de la petrolera, Luis Jaramillo, envió un oficio ayer al ministro de Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto, donde pidió la caducidad del contrato por el incumplimiento en el plan anual de inversiones de EDC.
Pinto no dio mayores detalles respecto al tema. Sin embargo, afirmó que se están analizando todos los aspectos jurídicos relativos al pedido de caducidad.
La oficina de EDC en Quito no se pronunció al respecto.
EDC tiene un contrato de participación suscrito con el Estado el 2 de julio de 1996 de acuerdo con datos del Ministerio de Recursos no Renovables.
Este contrato tiene una vigencia de 25 años desde el inicio de la explotación, que se inició en 2001.
De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), la compañía produjo en el primer semestre de 2009 un total de 4 110 millones de pies cúbicos de gas metano.
Ello implicó una producción diaria en promedio de 28,44 millones de pies cúbicos que se destinaban principalmente para el funcionamiento de la central termoeléctrica Machala Power, que tiene 130 MW de potencia.
Esta empresa también es filial de Noble Energy y comenzó su operación en 2002.
El abogado petrolero, Iván Heredia, explicó que de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, el ministro Germánico Pinto tiene un plazo máximo de 60 días para pronunciarse con respecto al pedido de caducidad.
Durante este período EDC tiene la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo.
También se puede llegar a una etapa de mediación y diálogo entre las partes para que no se llegue a la caducidad.
Heredia aclara que, al igual que en el proceso que se siguió a la compañía Occidental, Pinto podría pedir la opinión del Procurador, lo que extendería el plazo.
En 2007, Machala Power planteó una demanda contra el Conelec y la Categ por no pagar la energía eléctrica que la empresa vendió a Guayaquil durante 2004 y 2005.La firma exigía el pago de una deuda que asciende cercana a los USD 77 millones.
Esta empresa también planteó una demanda arbitral contra el Estado ante el Ciadi por USD 267,5 millones por deudas acumuladas a cuatro empresas distribuidoras de energía.