El Gobierno acaba de implementar unas ‘salvaguardias cambiarias’ a los productos colombianos. La justificación para esta medida (que consiste en aranceles adicionales a las importaciones de Colombia) es que ese país ha devaluado su moneda. Ese razonamiento no tiene ninguna base económica pues en el pasado ambos países han devaluado sus respectivas monedas y ninguno había reaccionado de esta forma. Además, en los últimos cinco meses, el peso se ha revaluado.
Cuando un país devalúa su moneda, los productos que exporta se vuelven más baratos en el extranjero. Cuando se la revalúa, lo exportado se encarece. Por lo tanto, cuando el peso colombiano se devalúa, los productos de ese país se abaratan en el Ecuador (y en el resto del mundo).
En enero de 2000, cuando nos dolarizamos, el tipo de cambio del peso era de 1920 pesos por dólar. El viernes pasado se ubicó en 1950. Mirando esos datos, daría la impresión que casi no se ha movido en más de nueve años.
Claro que en este período ha habido subidas y bajadas. A inicios de 2003, poco después de la primera elección de Uribe, había mucha incertidumbre en Colombia y su moneda se devaluó hasta llegar casi a los 3000 pesos por dólar. En esa época los productos colombianos estaban baratos y los beneficiados fueron los exportadores colombianos y los consumidores ecuatorianos.
Pero la incertidumbre en Colombia fue bajando y, en junio de 2008, la cotización del peso llegó a 1720. En ese momento, lo ecuatoriano se volvió barato en Colombia y sus consumidores se beneficiaron de nuestros productos.
Por cierto, hasta ese momento ninguno de los dos países había impuesto ‘salvaguardias cambiarias’, ni en la devaluación del peso entre 2000 y 2003 (de 53%), ni en su posterior revaluación hasta junio de 2008 (de 42%).
Posteriormente, desde junio de 2008, el peso ha pasado por dos etapas. Primero vino una devaluación de 46% hasta febrero de este año y luego una revaluación de 22% para dejarlo, casi exactamente, en el punto que estaba cuando nos dolarizamos. Como se ve, las salvaguardias no tienen ningún sustento.
Pero esta medida es, sobre todo, tremendamente injusta. Afecta a los ecuatorianos más pobres (que consumen productos colombianos) y beneficia a muchos de los ricos, porque ellos son los que producen los bienes que reemplazarán (aunque más caros) a los productos colombianos. Eso no tiene justificación.
Se está afectando a los bolsillos de los consumidores y se está beneficiando a los productores de los mismos productos en el Ecuador y en el resto de países del mundo (que no sean Colombia). Con medidas de ese tipo, finalmente se afecta a muchos y se beneficia a unos pocos. Y eso es exactamente lo opuesto a justicia.