Hace poco nos referimos a las deficiencias de instituciones públicas, basados en resultados oficiales -el caso de la telefónica Alegro- y las proyecciones de las empresas públicas en el nuevo entorno jurídico político, con nueva ley de por medio. Ahora cabe analizar los pésimos servicios públicos con los que cuenta el ciudadano.
El año pasado fue aprobada en la Constituyente de Montecristi y puesta en vigencia, el 7 de agosto pasado, la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Hubo un período de transición hasta diciembre de 2008, pero han transcurrido siete meses y los servicios no mejoran. Primero fue el argumento de la transición de la Policía de Tránsito al sector civil. No hubo especies. Se paralizaron los servicios de matriculación, traspasos, licencias, placas.
Para partir de lo positivo, la nueva Ley tuvo algunos avances, según los expertos. Una norma más integral que regula a todos los sectores, incluido el transporte público. La enseñanza como asignatura en los establecimientos educativos de la seguridad vial, aunque se diera un plazo de 180 días que no se cumplió. Ese quizás es el problema más importante: el incumplimiento de las normas. Lastimosamente no es nuevo reiterar que aquí se puede aprobar la mejor Constitución, leyes y códigos pero no sirven si no se respetan irrestrictamente y si no hay cambio de conductas y comportamientos.
La semana pasada tuve la oportunidad de visitar varios de los centros de Quito en donde se hacen matriculación, traspasos, licencias y placas, entre otros servicios.
Previamente conversé con el director nacional de la Comisión de Tránsito, Ricardo Antón, quien anunció que en materia de nueva matriculación o traspasos se atendía en todos los centros y no solo en la Jefatura Provincial, de la avenida Occidental.
La verificación determinó que el anuncio oficial fue falso e incluso se evidenció un pésimo servicio, lento y engorroso. Y para no variar, alrededor de las 11:00 del martes se fue el sistema. Cierto es que hasta ahora, en este nuevo esquema de servicio civil, no se ve aún corrupción ni la injerencia de tramitadores del pasado, pero sí la falta de experiencia y eso es grave porque ¿quién garantiza que no se puedan deslizar errores graves como matricular vehículos robados?
En nuestro país no se valora el tiempo. A un servidor público, que gana un salario mensual no por resultados, le importa poco la buena atención. Por ello es lamentable verificar in situ que para realizar el traspaso de un vehículo se puede demorar entre cuatro y cinco horas, por lo menos, y eso depende de la hora que llegue a hacer cola. Si madruga puede tener la oportunidad de desocuparse al mediodía, si no se cae el sistema. Ojalá los jefes no salgan a practicar el deporte favorito, los justificativos, en lugar de mejorar el servicio.