De izquierda a derecha: Galo Chiriboga es el actual fiscal General. Antes fue Ministro de Trabajo y también de Minas y Petróleos. Pedro Delgado fue presidente del Banco Central. Está prófugo y actualmente reside en Miami, EE.UU. Javier Molina Bonilla fue abogado de Exxon Mobil, entre 2002 y 2004; tiene un diplomado en Harvard. Fotos: Archivo/ EL COMERCIO
El fiscal general, Galo Chiriboga; el expresidente del Banco Central, Pedro Delgado, y el exservidor externo de la Secretaría de Inteligencia, Javier Molina, aparecen en los registro del ‘Panama Papers’.
Fueron directivos, accionistas o beneficiarios de transacciones hechas por empresas que fueron creadas en Panamá con la ayuda de Mossack Fonseca (MF). La firma es investigada en varios países por supuestamente facilitar la evasión y el lavado con compañías ‘offshore’.
A Chiriboga se lo señaló por comprar la casa donde vive a través de Madrigal Finance Corp, constituida por MF.
Mossack Fonseca confirmó a EL COMERCIO que el actual Fiscal presentó una solicitud en la década de 1990. En esa época -puntualizó la firma- Chiriboga no era fiscal ni constaba en la lista de clientes considerados como Persona Expuesta Públicamente. En esos casos, los controles son más rigurosos.
En la última declaración patrimonial de Chiriboga (8 de agosto del 2013) consta entre sus inversiones la empresa Madrigal Finance. Invirtió USD 10 000 en noviembre del 2009.
Este Diario envió un pedido de información al Fiscal para conocer su versión, el 23 de marzo. Se insistió el 28 y también ayer. No hubo respuesta.
Javier Molina, en cambio, aparece con 20 empresas ‘offshore’ a su nombre. Él reconoció ayer 4 de abril del 2016 que fue parte de la sociedad que usó la marca MF en el país, para crear empresas en paraísos entre 2007 y 2011.
Los últimos dos años -apuntó- fue a vivir en Guayaquil, para ampliar el mercado. Ofrecía a los clientes unas siete opciones de jurisdicciones para hacer compañías en paraísos. “Ahora es una mala palabra. Pero en su momento era parte de muchísimas estructuras patrimoniales y empresariales importantes”.
Molina confesó que se desencantó del negocio porque el costo de la representación era alto y las normativas comenzaron a ser más rígidas.
El contrato con MF era hasta el 2012, pero se terminó casi un año antes y él volvió a trabajar a Quito en su firma (Corporate Consulting Group).
Sobre las 20 compañías a su nombre dice que en su contrato con MF constaba la obligación de mantener empresas ‘cero kilómetros’ para la venta. “A quién íbamos a poner de directores si arrancaban de cero. Nos poníamos nosotros”.
Molina se dedicó también a la cátedra universitaria. Su especialización en Derecho Administrativo lo ayudó a ganar una asesoría en la Secretaría de Inteligencia, como servidor externo. Su labor -según él- fue revisar, estudiar y modificar la legislación sobre la operatividad de la Secretaría. “Ese trabajo -entre 2014 y 2015- no tiene nada que ver con mi anterior función en MF”, aclaró.
La casa de Lumbisí, donde funciona la Secretaría, fue la residencia de Molina antes de ser incautada por la Agencia de Garantía de Depósitos.
La ocupó cuando estuvo casado con la hija del exbanquero William Isaías, dueño de la casa y del Banco Filanbanco, que quebró en el feriado bancario. Molina se divorció en el 2010 y dice que no tiene relación con los Isaías.
Pedro Delgado, prófugo de la justicia ecuatoriana y quien vive en Miami, también está en los registros filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que develó el ‘Panama Papers’
En el 2012, el cliente de MF, Austrobank Panamá S.A., tramitó un préstamo de USD 190 000 con una hipoteca a nombre de Pedro Delgado y su esposa, María Verónica Endara.
Un agente de Austrobank envió un correo para pedir consejo legal de MF, que contactó a la firma Pinecrest Title. Esta rechazó el proceso, diciendo que el prestamista (Delgado) se negaba a acordar las condiciones de los documentos de la hipoteca. “Hay algunos vacíos en la operación”, escribió el abogado.
“Tengo preocupaciones sobre las objeciones del prestamista. Algo simplemente no huele bien”. Por ese motivo, MF contactó a un nuevo abogado, quien registró la hipoteca en Miami, donde Delgado tiene su propiedad.
En el país, Delgado enfrentó juicios por uso doloso de documento público y fue sentenciado por la entrega de un crédito del banco Cofiec de USD 800 000 al argentino Gastón Duzac.
