19 de febrero de 2020 19:49

Perito identificó a Rafael Correa como cabecilla de una estructura criminal corporativa

a experta recomendó a la Fiscalía que se incluyera en la investigación a otras personas que manejaron las finanzas de Alianza País

La experta recomendó a la Fiscalía que se incluyera en la investigación a otras personas que manejaron las finanzas de Alianza País. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

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A las 14:30 de este miércoles 19 de febrero del 2020, el Tribunal conformado por Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela instaló el sexto día de audiencia de juicio del caso Sobornos 2012-2016.

Los magistrados escucharon a la perito Alexandra Mantilla, experta en
perfiles criminales. Durante una hora y media explicó los hallazgos de su investigación y concluyó que en este caso se estableció “una estructura criminal corporativa”, encabezada por el expresidente Rafael Correa, quien se encargaba de organizar junto, con el exvicepresidente Jorge Glas, la entrega de aportes ilegales de las empresas que buscaban un contrato con el Estado.

La perito dijo que llegó a esa conclusión, pues en su análisis encontró que los procesados y sus acciones se enmarcan en los cuatro requisitos que tiene toda estructura criminal. Estos son: colaboración de dos o más personas; segundo, el ilícito realizó en búsqueda de dinero y poder; la actividad ilegal se prolongó en el tiempo (2012-2016); y cuarto, existió jerarquías y personas a cargo de diferentes actividades.

Mantilla dijo que analizó “las motivaciones de las personas para delinquir, su forma de operar y estableció el perfil criminológico”. Además, se entrevistó con cinco procesados, quienes accedieron voluntariamente a dar información. Estos son: Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Christian Viteri. Cada encuentro duró entre una y cuatro horas.

Según la perito, Terán admitió que únicamente cumplía las disposiciones de Martínez. Ella, por su parte, dijo que Correa le delegó que lleve un registro del dinero ilícito, aportado por las empresas. María de los Ángeles Duarte, en cambio, le aseguró que nunca recibió dinero de las compañías investigadas.

Alexis Mera le indicó que jamás firmó algún documento que no sea legal y que cuando no accedía a firmar algo, el expresidente pedía a otro abogado que lo hiciera. Además, el exsecretario jurídico de Presidencia negó que Martínez le haya entregado dinero a través de un exasesor.

Finalmente, Viteri le dijo que Correa le obligaba a él y a sus colaboradores a aportar mensualmente diezmos para las actividades de Alianza País. Aclaró que él pagaba USD 400.

Luego de recabar esa información, la experta determinó que el delito se habría perpetrado en cuatro lugares: en la Presidencia, los edificios La Unión y Concorde y en el Colegio de Abogados del Guayas. Según su estudio, en la Presidencia se emitían las disposiciones, se planificaba y organizaba las acciones delictivas.

La experta aclaró al Tribunal que su estudio lo hizo bajo criterios jurídicos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En el artículo 2 se establece que por grupo delictivo organizado se entenderá a una organización “estructurada de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves”. El cuerpo legal señala que los bienes que busca esta estructura pueden ser tangibles o intangibles.

En este caso, la Fiscalía sostiene que a través del supuesto esquema de corrupción, Correa y su partido buscaban acaparar el poder político y por esa razón habrían usado USD 7,7 millones en publicidad y propaganda política.

Mantilla también analizó las libretas de Martínez y correos electrónicos de Laura Terán. Allí determinó que los sospechosos utilizaron códigos para ocultar su identidad. “El uso de código es una conducta típica de una organización delictiva”, dijo la experta.

Finalmente, determinó que la víctima en este caso es el Estado y los ciudadanos que lo conforman.

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