14 de septiembre de 2018 00:00

Perdón y recompensas para denunciantes de la corrupción

Johana Pesántez, secretaria jurídica del Ejecutivo, entregó ayer el documento en una ventanilla de la Asamblea. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Johana Pesántez, secretaria jurídica del Ejecutivo, entregó ayer el documento en una ventanilla de la Asamblea. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Redacción Política

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Quien suministre datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan en la investigación, localización y recuperación de activos obtenidos de manera ilegal podrá acceder a una compensación económica en proporción a los recursos económicos que el Estado logre recuperar.

Esto consta en el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante, que ayer (jueves 13 de septiembre del 2018) fue entregado por la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, a la Asamblea.

El documento se compone de 10 artículos, dos disposiciones generales, una transitoria, una derogatoria y una final, e implica cambios a la Ley Orgánica de Servicio Público, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y al Código Penal.

En el artículo 2 se precisa que “el monto máximo al que podrá ascender dicha compensación no podrá ser superior al 20% del monto recuperado, reconocimiento que deberá hacerse bajo parámetros de proporcionalidad”, que deberán ser definidos por el Ministerio del Interior.

Y aclara que a este beneficio “no podrán acceder quienes, en cualquier grado, hayan participado en la comisión de la infracción penal que ocasione el incremento patrimonial”.

Además, la propuesta apunta a facilitar que aquellos que decidieron, en su momento, incurrir en un soborno, puedan denunciar –por una vez, sin sanción– a los funcionarios que tomaron esos recursos.

También plantea que, a partir de la aprobación de esta Ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan tendrán un plazo de 90 días para informar quiénes son los verdaderos propietarios; si lo hacen en ese plazo, no serán castigados por enriquecimiento injustificado.

Entre los objetivos figuran, igualmente, agilitar los procesos de repetición, esto es cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos; y definir acciones integrales para embargar los bienes a los corruptos y facilitar la recuperación del dinero mal habido.

El trámite formal del documento, de solo nueve páginas, empezará una vez que sea calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y enviado a una de las comisiones de la Asamblea para su tratamiento.
Hasta tanto, en la Comisión de Justicia está en trámite una ley para la extinción del dominio de bienes de origen ilícito, que también es impulsada por el Ejecutivo.

Mientras, la Comisión de Derechos Colectivos tramita una propuesta de Ley de Recuperación de Capitales que fue presentada por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en julio pasado.

Lo que generó polémica en el Parlamento, salpicado por denuncias de supuestos cobros indebidos a funcionarios por parte de asambleístas, fue la decisión del Ejecutivo de vetar por completo la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, aprobada por 107 legisladores, el 14 de agosto pasado.
“No era una ley que por sí nos ayudaba a esta estrategia, que ya ha sido planteada por el Gobierno dentro de la lucha contra la corrupción”, justificó Pesántez.

El veto, que impide que ese cuerpo legal vuelva a ser tratado en un año, fue criticado por la correísta Marcela Aguiñaga y el socialcristiano Luis Fernando Torres, integrantes de la Comisión de Justicia, que sustanció el proyecto .

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