Ayer, 25 de enero del 2017, se conocieron más detalles en torno a la percepción de corrupción-2016, que el miércoles difundió la organización Transparencia Internacional (TI).
El organismo, cuya medición abarcó a 176 del mundo, advierte que el caso Papeles de Panamá y sus revelaciones hicieron que repunte la percepción de la corrupción a escala global.
Los denominados ‘Panama Papers‘ estallaron en abril del 2016 y se conocieron hechos de corrupción como el de la estatal petrolera, en Ecuador.
TI midió a las naciones en una escala de 0 a 100 puntos. Cero significa altos niveles de corrupción y 100 lo contrario. En el caso ecuatoriano, Transparencia Internacional indica que tiene 31 puntos y cayó uno con relación al 2015.
La Fiscalía General del Estado ha dicho que estos casos sí se investigan y ha difundido estadísticas como estas: nueve detenidos, 109 indagados, 39 procesados, 17 asistencias penales, 645 diligencias, etc.
La noche del miércoles, los jueces llamaron a juicio a 18 personas que son investigadas por cohecho en Petroecuador.
En esa lista están el exgerente de la entidad, Álex Bravo; y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzeli.
La Fiscalía identificó a este último como el cabecilla de toda la red de corrupción.
El Gobierno también ha defendido su tarea para combatir estos problemas. Es más, se ha manifestado que desde las instancias oficiales se descubrió lo que ocurría en la petrolera.
Luego de conocer los Papeles de Panamá, Transparencia Internacional retó a Mossack Fonseca a debatir por este tema, pues ese estudio jurídico fue señalado por asesorar y crear empresas offshore.
“Les extiendo una invitación a que vengan y discutamos abiertamente qué significa la transparencia del sistema financiero”, señaló entonces Roberto Pérez Rocha, director de la 17 Conferencia Internacional Anticorrupción.
El informe de TI señala que los casos de corrupción a gran escala, desde Petrobras y Odebrecht en Brasil hasta el expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, “muestran cómo la colusión entre empresas y políticos arrebata a las economías nacionales miles de millones de dólares de ingresos que se desvían para beneficiar a unos pocos, a costa de la mayoría”.
Pero también dice que este tipo de corrupción, a gran escala y sistémica, “redunda en violaciones a los DD.HH., frena el desarrollo sostenible y favorece la exclusión social”.
El caso Odebrecht se conoció casi al finalizar el año y en Ecuador hasta el momento se han realizado dos allanamientos, se abrió una investigación y para el 1 de febrero está previsto que el fiscal Galo Chiriboga viaje a Washington a reunirse con funcionarios del Departamento de Justicia.
En general, las cifras oficiales revelan que a noviembre pasado menos de la mitad de las denuncias de corrupción que llegaron a la Fiscalía se convirtieron en juicios penales.
Esa institución reconoció que entre el 2005 y el 2015, la Contraloría le remitió 1 239 informes con indicios de responsabilidad penal por peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y tráfico de influencias en la administración pública.
De estos casos, 412 habían pasado a instrucción fiscal, es decir, se hallaron sospechosos, que fueron acusados.
El resto de informes penales, es decir, el 34%, estaba en indagación previa (investigación).
En tanto, la Contraloría advierte que entre el 2007 y el 2016 enviaron a la Fiscalía 2 057 informes con indicios de responsabilidad penal.