En diciembre pasado jubilados acudieron al IESS para presentar una carta con sus preocupaciones sobre la reforma legal. Eduardo Terán/ El Comercio
El aporte que hoy realiza el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para pagar las pensiones es vital para sus finanzas, tanto que sin este subsidio estatal en 12 años no habría dinero para pagar las pensiones.
El artículo 237 de la actual Ley de Seguridad Social obliga al IESS a cubrir con el 60% del valor de las pensiones y al Estado, el 40% restante.
Hoy, si un jubilado recibe, por ejemplo, una pensión de USD 600, el IESS cubre USD 360 y los USD 240 restantes el Fisco.
El proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar No Remunerado, entregado por el Ejecutivo a la Asamblea propone reemplazar este artículo por otro general, que si bien dice que el Estado garantiza el pago de pensiones, no especifica cuánto ni cómo lo hará.
Un informe interno de la Dirección Actuarial del IESS, no auditado, del 31 de agosto pasado, analiza varios escenarios del Fondo de Pensiones, una especie de cuenta que acumula parte del aporte de los afiliados y que cubre los beneficios del seguro de invalidez y vejez como el pago de pensiones.
Uno de esos escenarios señala que “en las condiciones actuales y sin el aporte del 40% del Estado, solo habrían recursos para pagar las pensiones los próximos 12 años” y que el déficit (falta de recursos) esperado del Fondo de Pensiones hasta el 2053 bordearía USD 70 000 millones.
El monto para entender su magnitud equivale a dos veces el Presupuesto del Estado.
La reforma que elimina este aporte fijo, y que ya pasó el primer debate en la Asamblea, prendió las alertas entre empleadores y jubilados, en momentos en que el Gobierno realiza recortes presupuestarios.
En su boletín de noviembre pasado, la Cámara de Comercio de Quito señaló que teme que la supresión del porcentaje fijo del aporte estatal permita “de cierto modo al Gobierno deslindarse a futuro de la responsabilidad del pago de jubilaciones”, sobre todo en un año complicado como el 2015.
El gremio cree que la reforma pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El IESS aclaró, vía correo, que el aporte constitucional y legal del 40% que le corresponde al Estado está incluido en los Presupuestos del Estado del 2015 y precisó que está recibiendo con normalidad las contribuciones.
El asambleísta de Alianza País, Fausto Cayambe, miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que tramita la reforma, calificó al artículo que hoy garantiza el aporte estatal del 40% como “tramposo e inconstitucional”.
El problema -dice- es que si bien obliga al Estado a pagar el 40% , también señala que si no lo hace el IESS debe pagar el 100% de la pensión.
“Si mañana un Gobierno no da el 40% le estaría entregando la responsabilidad al IESS cuando el responsable de la seguridad social es el Estado. Lo que buscamos es que el Estado garantice el pago de pensiones”.
Para los jubilados no está claro el objetivo de la reforma.
Guido Jaramillo, quien pertenece a una de las 90 asociaciones de jubilados que se reunieron el pasado 16 de enero para analizar la propuesta, teme que “desaparezca el pago a tiempo y completo de la pensión”.
Ayer 20 de enero también sesionaron.
Marcelo Jijón, titular de la Confederación de Jubilados de Montepío del Ecuador, advirtió que se movilizarán si se insiste en la reforma. “Nos sentaremos en las veredas de las calles del país y nos declararemos en huelga de hambre”.
El jurista Marco Proaño Maya advirtió que la eliminación del 40% sin estudios técnicos es arbitraria y rompe el equilibrio financiero del IESS. Para compensarlo, dijo, el único camino es el alza del aporte del afiliado, de la edad de jubilación o del cálculo de la pensión.
“El esquema actual del IESS cuenta con el 40%. Sin este, el déficit es enorme. Por eso es grave esta reforma”, dijo la exintendenta de Seguridad Social, Carmen Corral.
Cayambe explicó que la próxima semana se retomará el análisis de la reforma en la Comisión, la cual, dijo, está abierta a escuchar.