Imagen referencial. En los cambios también se habla de las pensiones alimenticias, que en la nueva norma aparecen como régimen de protección económica. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Este miércoles 10 de marzo del 2021 vence el plazo para que la Comisión Ocasional de la Asamblea entregue el informe para segundo debate del Código Orgánico Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Código contiene seis disposiciones reformatorias a otras normativas vigentes. En la cuarta se establece la reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se pide incluir entre las causas de aborto no punible: “si el embarazo es consecuencia de una violación y afectación a la salud integral de la niña o adolescente”.
En los cambios también se habla de las pensiones alimenticias, que en la nueva norma aparecen como régimen de protección económica.
El artículo 168 establece que son titulares de este derecho las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de este derecho.
También se toma en cuenta a las personas adultas de hasta 24 años que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo, que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes.
Y las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y que sus circunstancias físicas o psicológicas les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas.
Sobre las adopciones, el artículo 216 de la norma establece que todo proceso judicial de adopción, salvo el de personas adultas estará precedido de una fase administrativa que no podrá exceder 180 días.
En una carta dirigida a la Comisión Ocasional para atender temas y normas de Niñez y Adolescencia de la Asamblea, organizaciones manifestaron una vez más su preocupación por el avance de las “aceleradas reformas del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia”. Los firmantes sostienen que la norma es “minorista, asistencialista y regresiva de derechos”.
En la misiva se lee que es necesario un análisis profundo del impacto que la aprobación de una ley “con problemas estructurales tendría en las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos”.
Es preocupante, sostienen los firmantes, que a pesar de los ajustes realizados en artículos y en su redacción, aún persista el problema de fondo. “La reforma es contraria a estándares nacionales e internacionales de Derechos Humanos”.
Además, “el texto carece de enfoques de género, interculturalidad, de diversidades sexuales, discapacidades y movilidad humana”, dice la carta enviada este martes 9 de marzo del 2021, por parte de Alianza Niñez y Adolescencia, Rescate Escolar, Colectivo Género y Acción Política, Surkuna, Observatorio de Derechos y Justicia, Ceprodeg, Disidentes Violetas, Red de Mujeres de Loja, entre otros.