El día 3 de septiembre de 2019 se realizó una marcha a favor de la minería en la provincia de Azuay; el comité empresarial ecuatoriano también apoya esta postura. foto: Vicente Costales / ARCHIVO/ El Comercio
La Corte Constitucional (CC) sesionará el próximo martes, 17 de septiembre del 2019, para tratar, entre otros puntos, los dos pedidos de consulta popular sobre minería metálica en el Azuay y en el cantón Ponce Enríquez de la misma provincia.
El efecto de esta decisión podría marcar un precedente jurídico, para que las comunidades puedan llamar a consultas populares para decidir si se implementa la minería cerca dentro de sus límites. Ya que la consulta popular que se realizó en marzo de este año en Girón no tuvo el dictamen de la CC, puesto que la anterior corte demoró en su trámite y el Consejo Nacional Electoral dio paso a ella.
El juez Agustín Grijalva fue el encargado de sustanciar el pedido hecho por el prefecto del Austro, Yaku Pérez quien pidió un dictamen previo de constitucionalidad sobre una pregunta sobre la cual busca que se pronuncien los habitantes de esa provincia del sur del país.
Yaku Pérez, prefecto de Azuay, en cambio, está en contra de la actividad minera. El día 6 de septiembre de 2019 presentó una legación con mas argumentos juridicos para la consulta popular antiminera. Foto: Diego Pallero/ARCHIVO/EL COMERCIO
La pregunta es: ¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay?”.
El otro pedido es del alcalde de Ponce Enríquez (Azuay), Baldor Bermeo, quien está a favor de esta actividad en su territorio. Este caso estuvo a cargo de la jueza Karla Andrade.
La decisión de poner ambos pedidos en el orden del día para su discusión en el Pleno significa que esta vez no habrá audiencia pública para la exposición de argumentos. Tanto quienes están a favor de la minería como quienes se oponen a esa actividad, presentaron amicus curiae para ser parte del proceso.
El último sector en pronunciarse fue el de los empresarios. El Comité Empresarial Ecuatoriano, mediante una rueda de prensa realizada el lunes pasado, pidió a la CC que no de paso al pedido de Pérez.