Paute amenaza con un paro cantonal si la Prefectura de Azuay no atiende a la vialidad

La aprobación de la reforma de la Tasa Solidaria, mantiene enfrentados a los alcaldes afines a Alianza País con la prefectura de Azuay, en el sur del Ecuador. Foto: Xavier Caivinagua/ EL COMERCIO

La aprobación de la reforma de la Tasa Solidaria, mantiene enfrentados a los alcaldes afines a Alianza País con la prefectura de Azuay, en el sur del Ecuador. Foto: Xavier Caivinagua/ EL COMERCIO

La aprobación de la reforma de la Tasa Solidaria, mantiene enfrentados a los alcaldes afines a Alianza País con la prefectura de Azuay, en el sur del Ecuador. Foto: Xavier Caivinagua/ EL COMERCIO

La aprobación -en primer debate- de la reforma de la Tasa Solidaria, mantiene enfrentados a los alcaldes afines a Alianza País con la prefectura de Azuay, en el sur del Ecuador.

Los burgomaestres de Paute, Gualaceo, Girón y El Pan no están de acuerdo con que la Prefectura les condicione la entrega de los recursos económicos a la exigencia de ese comprobante para la matriculación vehicular.

La Tasa Solidaria es un impuesto creado mediante ordenanza en el 2011, por el Gobierno Provincial. Son valores diferenciados que pagan los propietarios de vehículos en la matriculación y esos dineros se destinan –en su totalidad- para el mantenimiento de las vías rurales a través de las
Juntas Parroquiales.

Pero en marzo del 2015, la Agencia Nacional de Tránsito eliminó el comprobante de pago de este impuesto, que era un requisito para la matriculación vehicular. Desde entonces, ese documento ya no lo exigen las agencias de tránsito de los municipios de Girón, Gualaceo y Paute, administrados por alcaldes afines a País, y en donde asumieron la matriculación.

La reforma planteada por la concejala de Cuenca y consejera provincial, Dora Ordóñez, es que los dineros recaudados por la Tasa Solidaria se entreguen únicamente a los municipios que mantienen la exigencia de ese comprobante en la matriculación. “No es justo que los cantones donde sus alcaldes no apoyan el proyecto reciban parte de esos recursos que se recaudan en Cuenca”.

La propuesta de Ordóñez fue aprobada con 17 votos a favor el 19 de agosto del 2015. Desde ese día se han registrado críticas permanentes entre las partes. Para Eliot Trelles, alcalde de Paute, no apoyan el pago de este impuesto porque durante los cuatro años que rige este rubro, la Prefectura no han solucionado los problemas de la vialidad en la zona rural.

La posición de Trelles es más radical. El 24 de agosto del 2015 realizó una asamblea popular. Después de eso, y con habitantes de varias comunidades, intentaron tomarse la planta de asfalto del Gobierno Provincial, ubicada en territorio de Paute.

Al final se resolvió dar ocho días de plazo al prefecto, Paúl Carrasco, para mantener un diálogo sobre la supuesta desatención vial que se registra en este cantón. Caso contrario amenazan con un paro cantonal.

Pero según el prefecto Carrasco, en este cantón se han ejecutado múltiples obras como la colocación de la carpeta asfáltica en la vía Chocar-San Cristóbal, calles céntricas de la parroquia El Cabo, doble tratamiento superficial bituminoso en la vía Dug Dug-Lazul-Guachi, entre otras.

En los primeros ocho meses del 2014 la Prefectura de Azuay recaudó USD 1,7 millones por la Tasa Solidaria y en el mismo período del 2015 sobre los USD 3 millones.

De acuerdo con el informe económico, este año se han entregado parte de los recursos que les corresponde a las parroquias Ricaurte, Tarqui y Santa Ana, pertenecientes al cantón Cuenca; Guel y Ludo, en Sígsig; Guachapala, en el cantón del mismo nombre, entre otros.

Mientras tanto, no se conoce la fecha en que la Cámara Provincial analizará la reforma de la ordenanza de la Tasa Solidaria en segundo y definitivo debate.

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