El presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, compareció este jueves 2 de abril del 2020 ante la Asamblea Nacional. Foto: Captura
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, descartó que fuera a renunciar a su puesto como le pidieron la mayoría de las bancadas de la Asamblea Nacional de Ecuador. Lo hizo este jueves 2 abril del 2020 al comparecer virtualmente ante el Pleno por anomalías en la contratación de insumos durante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
Con una mascarilla que cubría casi la mitad de su rostro, desde la oficina de un hospital de Guayaquil, el delegado del Ejecutivo ante el IESS fue cuestionado por las denuncias de irregularidades en la compra de insumos médicos durante, en medio de una crisis sanitaria por el impacto de la pandemia del covid-19 en ciudades como el Puerto Principal (más del 70% de personas contagiadas del país se encuentra en Guayas).
Por dos horas, Granda recibió fuertes reclamos de asambleístas como Cristina Reyes, del PSC, y Jeannine Cruz, de Creo, quienes lo emplazaron a renunciar a su cargo.
“No es fácil estar aquí”, sostuvo Granda. “De todas formas no me aferro a ningún cargo público, el momento que el Presidente (Lenín Moreno) considere que debo retirarme, por supuesto, yo me retiro. ¿En medio de la crisis? Si esa es la decisión está bien, pero mientras yo esté aquí hasta el último minuto haré todo lo que está a mi alcance aunque sea para salvar una vida, y hemos salvado muchas”, sostuvo.
Los legisladores fustigaron el fallido contrato que el IESS pretendía otorgar por USD 10 millones, en el que se incluía la compra de mascarillas a USD 12 por unidad, cuando su precio normal era entre USD 2,50 y USD 4.
“El nuevo atraco al IESS lleva puesto esa mascarilla“, dijo la asambleísta Cristina Reyes, al ver que Granda tenía puesto ese objeto en la pantalla de la reunión virtual.
Según asambleístas, con el contrato de mascarillas se pretendía beneficiar a una empresa cuya razón social es la venta de ceviches, no tiene empleados y tampoco genera impuestos.
“Yo no comprendo aquellas expresiones groseras de dudar de la reputación de las personas”, replicó Granda, quien por casi dos horas respondió preguntas de 14 legisladores de todas las bancadas.
El funcionario adujo que las contrataciones dependen de un órgano ejecutivo de la institución. Y dijo que fue la propia entidad la que pidió a la Contraloría y la Fiscalía que revisen el proceso, el cual fue suspendido.
Enfatizó que no se trató de “un contrato a dedo“, pues afirmó que se escogió a una de las siete empresas que presentaron ofertas.
Apuntó que el proceso no llegó a conocimiento del Consejo Directivo del IESS, que él encabeza, pues se trata de una tarea que corresponde a la Dirección del ente.
“Yo no soy el administrador”, insistió Granda, al precisar que el Consejo, del que también participa un representante de los jubilados, cumple un rol fiscalizador.
Señaló que a la Contraloría y a la Fiscalía les corresponde juzgar la actuación de Ángel Loja, quien renunció a la Dirección tras la denuncia. “No soy yo quien lo va a juzgar”, enfatizó.
También desmintió que el IESS adjudicara un contrato por USD 1,4 millones para una campaña de comunicación en medio de la emergencia sanitaria. Dijo que desde diciembre estaba en marcha un proceso de este tipo, pero que fue suspendido por la pandemia.
El oficialista Rubén Bustamante y el independiente Ángel Sinmaleza ponderaron al funcionario por “dar la cara” y responder al Parlamento.
También estaba convocada la exministra de Salud, Catalina Andramuño, pero no atendió el llamado del Pleno y tampoco remitió excusas.
Desde el correísmo, Marcela Aguiñaga anunció que su bloque impulsará un proceso de juicio político en contra de Andramuño, lo que sumó el respaldo de otras bancadas.