El Comité de Expertos entregó al Consejo de la Judicatura la metodología para evaluar a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Cuatro meses después de que se anunciara la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura (CJ) aseguró que a mediados de septiembre se sabrá qué magistrados se quedan y quienes no.
Hasta entonces, todos serán sometidos a una calificación cuantitativa y cualitativa. En ese proceso se revisará, por ejemplo, el patrimonio acumulado. De hecho, los judiciales deberán firmar un formulario en el que se autorice acceder a la información de los bienes y a sus estados financieros.
También están obligados a presentar las declaraciones juramentadas del inicio de su gestión y las realizadas periódicamente, la declaración de no tener bienes o dinero en paraísos fiscales y las declaraciones del impuesto a la renta.
El CJ ya envió a la Contraloría comunicaciones para que realice los exámenes a la información que sea remitida. También se enviaron comunicaciones para que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) entregue datos de los evaluados.
Esta última medida se analizó desde septiembre del 2018, cuando la entonces Judicatura de Transición aseguró que el estudio del patrimonio incluso se extenderá a los familiares de los jueces y de los conjueces.
La exsecretaria de Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación transitorio, María Arboleda, aseguró que estas medidas son buenas. “Un ámbito que se ha mostrado entre los más sensibles a los actos de corrupción es precisamente el sistema de justicia ecuatoriano”.
Siete días después de que se anunciara la evaluación, el Pleno de la Corte Nacional sostuvo que como administradores de justicia ellos tienen la obligación de transparentar el patrimonio, las cuentas y acciones, “que han estado a órdenes de los entes de control”.
El 25 de marzo pasado, la Mesa por la Verdad y Justicia, que investigó la persecución durante el correísmo, presentó su informe de 249 páginas. Ayer, su presidente, Paúl Jácome, contó que allí se mencionan presuntos pagos de coimas a cambio de que no ser acusados. “En el caso del 30-S hay una denuncia de que se establecieron tarifas que llegaban a los USD 70 000 en casación (última instancia que se resuelve en la Corte Nacional)”.
En otro caso documentado también se asegura que “se instauró una forma de extorsión”, para evitar ser procesados.
En el documento se lee lo siguiente: “Según indican los denunciantes, hubo familias que pagaron hasta USD 50 000 para que no les acusen. Otras no pudieron reunir el dinero y tienen a sus parientes presos”.
El 10 y el 18 de diciembre pasado, los integrantes de la Mesa pidieron a la Judicatura de transición que investigara a 14 jueces y conjueces nacionales de la Corte de Justicia.
A ellos se los señala porque, aparentemente, ayudaron a que se profundice la falta de independencia judicial al procesar a opositores del correísmo.
Por eso, una de las prioridades en esta evaluación también será analizar la “calidad de las sentencias” que se emitieron.
El período que se analizará comprende entre diciembre del 2014 y el 31 de diciembre del 2018. Se tomarán tres sentencias emitidas cada año (12 en total) y comenzará el trabajo.
“Si existen denuncias o quejas y si estas se enmarcan en el Código Orgánico de la Función Judicial tendrán que procesarse conforme esa norma legal. Eso incidirá, claro. Luego de llevarse el debido proceso y resolverse los procesos disciplinarios incidirá en el proceso de evaluación”, aseguró la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado.
La Mesa por la Verdad y Justicia adelantó que hará un seguimiento al trabajo de valoración a los magistrados y espera que en este trabajo se tome en cuenta su informe.
