Patricio Salazar, asesor estratégico del Programa de Electrificación y Tecnificación para Sectores Productivos. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
Entrevista a Patricio Salazar, asesor estratégico del Programa de Electrificación y Tecnificación para Sectores Productivos.
¿Por qué los camaroneros no usan electricidad?
Porque no hay redes ni subestaciones. Ese es un primer cuello de botella. El Gobierno anterior hizo mucha inversión en generación de energía, pero no en distribución. La energía está en las redes de alto voltaje, pero se necesitan cables de voltaje medio y de subtransmisión, que lleguen lo más cerca posible a las fincas. En fincas grandes, de gran consumo energético, se van a necesitar subestaciones. El Estado tiene que hacer los estudios de demanda y en función de eso dimensionar los sistemas que se necesitan.
¿Existen otros cuellos de botella?
Otro es el monopolio de la distribución que tiene el Estado. Por eso hemos planteado al Gobierno, que permita al sector privado participar en la distribución.
¿Cómo se compensaría esa participación?
Hay distintas figuras, incluso bajo alianzas público-privadas. Una figura es que el privado compre la energía al Estado y luego la venda. Otra es donde el privado invierte, como si fuera una carretera, y cobre un peaje. Pero para que eso pueda hacerse se necesita una reforma a la Ley de Electrificación.
¿Qué tan dispuesto está el Régimen a hacer esto?
La respuesta del Gobierno es que hay una urgencia por vender la energía que se genera y no se vende, por ahorrar divisas en importación de derivados y porque el sector privado use electricidad. Estamos en conversaciones con la Presidencia. Por ahora están en reuniones internas verificando las modificaciones al marco jurídico y nosotros estamos haciendo el análisis de qué hay que cambiar.
¿Cuánta inversión requiere el cambio de diésel a electricidad en el sector?
Para bombeo, en promedio, entre USD 1 000 y 1 500 por hectárea; es decir, para las fincas que hoy tienen bombas que funcionan con motores a diésel y pasen a usar una bomba cuya fuente de energía sea la electricidad. Y todavía no estamos hablando de electrificación, solamente estamos hablando de una primera etapa urgente donde no se requiere red eléctrica ni subestaciones por parte del Estado.
¿De cuántas hectáreas estamos hablando?
De las 215 000 hectáreas que hay en el país, solo el 50% tiene sistemas de bombeo eléctrico. En tanto, menos del 1% de fincas en el país cuenta con electrificación.
¿Cuánto se ahorra si se cambian los actuales sistemas de bombeo?
USD 50 millones al año, en el lado privado y el público.
¿Qué se ha avanzado?
Había una política de eficiencia, pero no un programa. Un trabajo técnico e intenso del sector privado dio como resultado un estudio, que demostró cuál debía ser el precio de la energía eléctrica para tener una posición de equilibrio frente al diésel: 6,45 centavos de dólar por kilovatio hora, todo incluido. En febrero del 2017, el Ministerio de Electricidad dio un gran paso y estandarizó el cobro de la energía para el sector agrícola y acuícola. Y, por fin, en noviembre del 2017 se firmó un acuerdo entre los ministerios de Acuacultura y de Electricidad, para lanzar el programa de electrificación del sector camaronero, que nace desde una visión del sector privado. Logramos que unas 40 camaroneras, de las más grandes, se sumaran.
¿En qué consiste?
En que el Estado, con recursos públicos y de financiamiento externo, haga la inversión que no hizo el Gobierno anterior en sistemas de distribución de energía. Y el sector privado puede ayudar también con inversiones.
¿Qué falta para que se concreten ese plan?
Así como se lanzó la Ley de Fomento Productivo con carácter de urgente, se tiene que emitir otra reforma económica urgente para el tema eléctrico, que permita la participación del sector privado en la distribución. Y tener una certeza de que a largo plazo el precio no va a cambiar; por ejemplo, que se permita firmar contratos a 15, 20 o 30 años. Eso no es posible hoy.
¿En qué tiempo se concretará el cambio a la electrificación en el sector?
Es un proceso que requiere de mínimo una década. Nos hemos propuesto como grupo privado metas al 2030, pues esto debe hacerse de forma técnica y paso a paso.