Uno de los temas que mayor preocupación generó ayer entre los asambleístas y la opinión pública fue la propuesta de la Comisión de Justicia, presidida por la legisladora María Paula Romo e integrada por una mayoría del oficialismo, relacionada con una posible reforma penal que incluía la prisión preventiva por delitos de acción pública y privada.
Entre esos delitos de acción privada se encuentra el de injurias no calumniosas, que tiene directa relación con la potencial judicialización de las críticas contra cualquier funcionario público del Estado. En otras palabras, la reforma penal podía ser usada contra los periodistas y los ciudadanos en general.
Si a esa idea se suman las reiteradas tesis de los asambleístas más cercanos al Presidente de la República, en especial las que dejan en claro su afán de controlar los contenidos de los medios a través de distintos mecanismos planteados en el proyecto de Ley de Comunicación, fácilmente se evidencia el significado que tenía la propuesta.
Ayer, los miembros de la Comisión de Justicia reflexionaron y dejaron fuera la posibilidad de que la prisión preventiva por injurias sea parte de las reformas penales. Según el asambleísta Mauro Andino, no se dio paso a la idea “para evitar malos entendidos”.
Hay que valorar positivamente la decisión de los comisionados frente a los graves riesgos que implicaba semejante propuesta, en especial por la posibilidad de convertirla en una herramienta para la represión y la revancha política, pero también es necesario alertar a los ecuatorianos acerca de la persistencia de ese sector en su afán de contar con instrumentos legales para silenciar la crítica al poder.