28 de September de 2009 00:00

La participación ha sido excluida: Acosta

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Redacción Política

¿Cuál es su balance sobre la aplicación de la Constitución en este primer año?

Todavía estamos en un proceso de transición, donde comienzan a cristalizarse las primeras leyes dejando atrás el antiguo marco constitucional.  Pero este proceso no ha estado exento de conflictos y contradicciones con la Constitución.

¿A qué temas se refiere?

La de Minería, donde he planteado varios puntos de inconstitucionalidad. La Ley de Soberanía Alimentaria es otro caso. En la elaboración de muchas de estas leyes, además, no se ha garantizado un principio medular de esta Constitución: la participación ciudadana.

¿Estos problemas se originaron desde su renuncia a la Presidencia de la Constituyente?

De alguna manera sí. No hubo la madurez para entender que el cumplimiento del plazo no era tan determinante cuanto la calidad del debate y el resultado de un trabajo participativo y democrático.

¿Entre los errores están las denuncias que se hicieron cambios deliberados a la Constitución?

Las personas que insisten en esas denuncias deberán probar si es cierto. Yo creo que no, al menos no lo conozco. Lo que sí se dio fue una alteración de textos por el apuro (en aprobarlos).

Pese a esas dudas, ni el Gobierno ni la Asamblea se han interesado en revisar y corregir dichos errores…

En la Asamblea debe abrirse un verdadero espacio de discusión, orientado a evaluar el cumplimiento de la Constitución en este primer año y hacer las correcciones que se requieran.

¿La conflictividad social es por los incumplimientos constitucionales?

En todo proceso democrático hay confrontación de tesis. El problema medular, este rato, es la falta de apertura del Gobierno y de la bancada de Alianza País para abrir un verdadero debate ciudadano. No se necesitan más talleres sino escuchar a las otras voces. Si alguien es responsable de esta conflictividad es el presidente Rafael Correa, que se niega a escuchar. Él calificó de locos los planteamientos de los sectores indígenas y campesinos que, hace dos semanas, salieron en movilizaciones pacíficas a cuestionar la Ley de Aguas.

Correa dijo el sábado que bajo presión no dialoga y que si la Conaie quiere levantarse que lo haga…

Yo no veo en este sector un afán desestabilizador. Ellos pidieron en enero que se los escuchara en la Ley de Minería y el Régimen no lo hizo. Allí están las consecuencias… No me opongo a la evaluación de los maestros, pero el proceso fue impuesto.

¿Correa es un presidente autoritario?

Hay algunas prácticas con este tinte que le hacen daño a la revolución ciudadana. El Presidente debiera poner en práctica esa frase de sus propagandas donde se dice que el  ciudadano es quien tiene el poder. Me llama la atención la facilidad que tiene Correa para reunirse con los banqueros o los grupos de poder y no con los indígenas y los movimientos sociales, con los que hay mucha sintonía.

¿Usted participa en la organización de las movilizaciones indígenas?

No. Yo acompaño los procesos sociales y de discusión de las leyes procurando la participación. Ellos me pidieron que les acompañara (en la marcha de hace dos semanas). No escucharlos es una forma de violencia.

¿En cuánto tiempo se terminará de aplicar la Constitución de manera plena?

Es complejo predecirlo. Ni siquiera se cumple el plazo de las leyes primordiales. Ojalá no repitamos experiencias anteriores como la Constitución de 1998, que se quedaron en el camino. Yo no veo que se discuta la ley que obliga a los banqueros a vender sus empresas que estén relacionadas con su actividad como los medios de comunicación...

Pero se han priorizado otras como la Ley de Comunicación…

Este es un tema que ha sido mal planteado por el Presidente, al tratar de atacar a todos los medios de manera generalizada. En todo caso, veo positivo que hayamos arrancado un debate sobre la libertad de expresión, más allá de la posición de Rafael Correa.

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