La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional escuchó 74 comparecencias, entre ellas las de líderes de la Conaie. Foto:Diego Pallero / EL COMERCIO
El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) decidió efectuar un seguimiento a las investigaciones que se realizan sobre las manifestaciones en contra del Gobierno, ocurridas entre el 3 y 13 de octubre pasados.
Este miércoles 4 de diciembre del 2019 está previsto que el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, asista a la sesión del Pleno del Cpccs, en donde esperan conocer los avances de acciones “en la protección de las personas que pudieron haber sufrido agresiones por parte de las fuerzas del orden”.
La Defensoría del Pueblo es una de las tres entidades nacionales que llevan adelante investigaciones. También lo hacen la Fiscalía General y la Asamblea Nacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actúan como organismos internacionales. Es decir, a la par avanzan cinco indagaciones sobre el paro.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, emitió el pasado viernes un comunicado sobre la información recabada durante la visita del organismo al país. Esa entidad aún no ha presentado su informe final, por lo que el documento no es una conclusión.
El Gobierno, ante ese comunicado, dijo que enviaría “información adicional a los organismos internacionales, respecto de la transparencia del accionar del Estado frente a grupos violentos”.
El anuncio lo hizo el canciller José Valencia, tras una reunión entre el presidente, Lenín Moreno, y el secretario general de la ONU, António Guterres, en el marco de la Conferencia sobre el Cambio Climático 2019.
Hasta el momento no se ha definido qué tipo de información se remitirá. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que el Ejecutivo está dispuesto a entregar todos los datos que requieran los organismos internacionales.
Por su parte, la CIDH explicó a inicios de noviembre que el informe final se presentaría durante este mes. Entre las preocupaciones de este organismo, en un primer pronunciamiento están las denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos. También recibió testimonios sobre “diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias”.
¿Qué efecto tiene este tipo de informes internacionales? De acuerdo con el excaciller José Ayala Lasso, los documentos de estas entidades de derechos humanos tienen “un peso moral y ético”.
Lasso apuntó que “no son de cumplimiento obligatorio, ya que no crean una acción específica al Estado, pero sí en lo que se refiere a su función de respetar y proteger los derechos humanos”, señaló Lasso.
En el país, la Defensoría del Pueblo conformó una comisión para investigar lo acontecido. Según Carrión, el objetivo es determinar responsabilidades sobre vulneración de derechos humanos durante la represión de octubre. A inicios de noviembre, María Paula Romo dijo a este Diario que dentro de la Policía se investigan dos posibles casos de un supuesto mal uso de la fuerza.
Mientras tanto, la Comisión Ocasional de la Asamblea prevé votar el informe final que pasará al Pleno para su discusión, el próximo lunes. Esta mesa legislativa todavía no establece las posibles conclusiones de la indagación.
El legislador explicó que el informe podría determinar responsabilidades políticas para funcionarios del Estado, así como indicios penales para manifestantes que actuaron de manera violenta.
Por su parte, la Fiscalía investiga una denuncia por incitación a la violencia en contra Jaime Vargas, presidente de la Conaie; Leonidas Iza, dirigente de Cotopaxi, y Rafael Pandam, del Parlamento de Nacionalidades indígenas. Dicha denuncia fue interpuesta por Marcelo Hallo, excandidato a la Prefectura de Pichincha.
Ninguno de los tres dirigentes indígenas ha asistido a las diligencias convocadas por la Fiscalía General del Estado.
Los hechos antes y durante los 11 días de las manifestaciones
3 de octubre del 2019
Los transportistas paralizaron su servicio en varios puntos del país. Ese mismo día, el Ejecutivo decretó el estado de excepción para enfrentar las manifestaciones.
7 de octubre del 2019
Los indígenas arribaron a Quito y se concentraron en el Ágora de la Casa de la Cultura y en el parque El Arbolito. Su exigencia era que se derogara el Decreto 883.
12 de octubre del 2019
Se registró el día de más tensión durante las protestas. Ocurrió el incendio del edificio de la Contraloría. El presidente Lenín Moreno decretó un toque de queda desde las 14:30.
13 de octubre del 2019
El Gobierno Nacional se sentó a negociar una salida con los dirigentes indígenas. Se acordó la elaboración de un nuevo decreto y el fin de las manifestaciones en el país.
