26 de diciembre de 2019 10:05

Paola Pabón regresó este 26 de diciembre a la Prefectura tras la revocatoria de su prisión preventiva

Christian González (izq.), Paola Pabón y Virgilio Hernández celebraron juntos la sustitución de la prisión preventiva. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

Christian González (izq.), Paola Pabón y Virgilio Hernández celebraron juntos la sustitución de la prisión preventiva. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

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Diego Puente
Daniel Romero ( I)
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Cerca de las 09:00 de este jueves 26 de diciembre del 2019, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, llegó al Gobierno Provincial en el centro-norte de Quito. La funcionaria enfrenta un proceso legal por el supuesto delito de rebelión sin agravantes, tras el paro de octubre.

Pabón recobró el miércoles 25 de diciembre su libertad luego de que la jueza Patlova Guerra aceptara la revocatoria de prisión preventiva que pesaba en su contra.

La Prefecta de Pichincha señaló esta mañana que la reformulación de cargos solicitada por la Fiscalía demuestra que no existen pruebas contundentes en su contra como fue anunciado. Para Pabón, el proceso legal es una persecución política.


La decisión de la jurista también benefició al exlegislador correísta, Virgilio Hernández, y al activista Christian González. Desde el miércoles pueden defenderse en libertad. Hay un cuarto investigado por el supuesto delito de rebelión, a quien se le otorgó medidas sustitutivas desde el inicio del proceso.

La audiencia en la que se revisó la prisión preventiva en contra de los tres que cumplían con esta medida culminó la noche del martes 24 de diciembre. Tras conocer el fallo, los amigos, familiares y simpatizantes que se convocaron en los exteriores de la Corte Provincial de Pichincha festejaron la decisión.

Pabón fue la primera en salir de su encierro. Lo hizo en la madrugada de Navidad. Su familia acudió hasta la Casa de Confianza de Chillogallo, en el sur de Quito. “Paola Pabón, aquí está tu pueblo para la liberación”, corearon los autoconvocados.

La Prefecta agradeció el apoyo de los que se mantuvieron cerca para exigir que pueda defenderse en libertad. Hizo una especial mención a su hermana, Priscila, quien estuvo al frente de las diligencias que se hicieron por este caso.

Horas después, a las 10:30, salieron de la Cárcel 4 Hernández y González. El ambiente en los exteriores también fue de festejo. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió con Pabón, ellos no pudieron estar con sus familias de inmediato. Abordaron una camioneta junto con guías penitenciarios y fueron trasladados al Servicio Integral de Atención a Privados de Libertad (SNAI). En esa dependencia les colocaron los grilletes electrónicos, antes de liberarlos. Aparte de esta medida, deberán presentarse dos veces por semana a la Corte Provincial.

“Este es el mejor regalo de Navidad que he tenido en mi vida. Es un paso en el que la justicia vence al odio”, dijo Hernández. Aseguró que los tres demostrarán su inocencia, ya que en los más de 70 días de investigación “la Fiscalía no ha podido demostrar la existencia de un grupo armado”.

Por su parte, González, quien cargó a su hijo en los brazos, señaló que seguirán el debido proceso con “absoluta tranquilidad”, tras recibir la noticia. Para él, lo mejor sería que al proceso no se lo declare reservado para que haya un debate jurídico y no político. Todos pasaron Navidad con sus familias y allegados.

La Fiscalía también reaccionó a la decisión de la jueza Guerra. Mediante un comunicado emitido ayer, dijo que “analizará las acciones legales” por esa decisión legal.


Para el ente acusador, se concedió la revocatoria pese a que se expusieron los elementos de convicción que demostrarían que los procesados habrían participado en un “presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al Gobierno”.

Por eso, se ratificó en el pedido de prisión preventiva en contra de los investigados “porque las otras medidas cautelares resultan insuficientes”.

En el boletín de prensa, la Fiscalía nombra al Art. 268 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de prevaricato. En el articulado se penaliza con hasta cinco años de cárcel a los jueces que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes.

También incurre en esta conducta el juzgador que tome una decisión en contra de la ley “haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda”.

Pabón, González y una cuarta persona fueron capturados el 14 de octubre pasado, tras allanamientos que se hicieron a sus domicilios, en Quito, por un pedido de la Fiscalía. En cambio, el 5 de noviembre pasado, el juez Julio Arrieta acogió el planteamiento de la Fiscalía, y acusó a Hernández. En la audiencia de vinculación, en la cual estuvo presente, se le ordenó prisión preventiva.

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