Los miembros no gobiernistas de la Comisión Especial que analiza el proyecto de Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional hacen enormes esfuerzos para no dejarse sorprender por las maniobras de la mayoría gobiernista, para que salga la ley mordaza tal como lo ha dispuesto el Ejecutivo; pero a veces son vencidos por la fuerza de la mayoría que da libre curso a los rábulas coaligados.
Así surgió la palabra “panchanazo” para calificar a esas maniobras sorpresivas y jugarretas de mala ley.
El autor del “panchanazo”, que se incorpora al léxico político, fue el asambleísta César Montúfar; como hace décadas Alejandro Carrión incorporó la palabra “liborio” para identificar a los legisladores que se sentían orgullosos de ser obsecuentes servidores del gobierno de turno.
El objetivo proclamado con insistencia por el presidente Correa es tomar el control de la prensa independiente, considerada un obstáculo para el ejercicio autocrático del poder.
Para ello se requiere una ley represiva, para lo cual se elaboró en el Sanctasanctórum del Palacio de Carondelet el proyecto presentado en la Asamblea Nacional por la interpuesta persona de Rolando Panchana y que la mayoría oficialista acoge con beneplácito, aunque proteste la minoría independiente.
Ese proyecto, según estamos viendo, se reforma de acuerdo con las circunstancias políticas sobrevinientes.
Lo probó el último “panchanazo”. Ya aprobado un texto sancionador; pero en él se reconoció, como es natural, que en caso de violación de la ley por parte de los periodistas y los medios, sean juzgados por los tribunales ordinarios.
Pero eso no satisfizo a los objetivos del Ejecutivo, y para agregar una simple frase que cambia fundamentalmente el sentido jurídico al disponer que debe juzgar un tribunal especial manejado por el Ejecutivo, y para ello perpetraron la maniobra, ardid, treta, trampa, engaño o como Ud. quiera llamarlo, estimado lector.
Para ello, la presidenta de la Comisión Especial, Betty Carrillo, desapareció en el momento de la votación y no se convocó a los diputados no gobiernistas; y así hubo “unanimidad”.
Esta maniobra de mala ley es muy grave: atenta no solo contra un principio jurídico universal, sino contra la libertad de expresión.
Por lo mismo, debe denunciarse ante los organismos internacionales competentes -la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) incluida-, ya preocupados por lo que pasa en el Ecuador, luego de la experiencia de Venezuela en que los medios están en manos de un gobierno autocrático y atrabiliario.
Tomado de Diario Expreso