21 de octubre de 2020 20:54

La exasesora presidencial, Pamela Martínez, se entregó a la Policía para cumplir su condena por el caso Sobornos

Pamela Martínez estuvo detenida durante seis meses, por eso ahora deberá permanecer en prisión durante otros tres meses y 22 días más para cumplir con su condena. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Diego Puente

La exasesora presidencial del Gobierno de Rafael Correa, Pamela Martínez, se entregó a la Policía. Lo hizo la tarde de este miércoles, 21 de octubre de 2020. La exfuncionaria, y también sentenciada por el caso Sobornos, acudió a la Unidad de Flagrancias de la avenida Patria, en Quito. Ahí le realizaron una valoración médica. Luego, fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Mujeres, en donde se espera que cumpla el tiempo que le resta de su condena.

Martínez, quien también fue jueza constitucional, recibió una pena de nueve meses y 22 días de cárcel por el caso Sobornos 2012-2016. Precisamente, las investigaciones de esta trama de corrupción se iniciaron el 4 de mayo del 2019 cuando ella fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil al intentar salir del país. Ella estuvo detenida durante seis meses, por eso ahora deberá permanecer en prisión durante otros tres meses y 22 días más para cumplir con su condena.

Martínez durante el proceso judicial firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía. Ese hecho le permitió obtener una de las sentencias más bajas de todos los procesados. La mayoría de imputados fueron condenados a ocho años de cárcel. Entre estos últimos está el expresidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glas.

Sin embargo, Martínez todavía tiene pendiente cumplir con la parte de la sentencia que habla de una reparación económica al Estado. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) impusieron una sanción de USD 778 000 a cada autor y coautor.

Ella, además, debe ofrecer disculpas públicas en la Plaza de la Independencia y cumplir con otras disposiciones simbólicas, como recibir un curso de ética laica y colocar una placa en el Palacio de Gobierno que diga: "Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética". Estas medidas también las deben acatar el resto de sentenciados.

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