4 de agosto de 2019 00:00

Pamela Martínez tejió nexos con jueces, fiscales, empresarios y representantes de Odebrecht

En mayo pasado, agentes allanaron las oficinas de Pamela Martínez, una de las procesadas en el caso Sobornos. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En mayo pasado, agentes allanaron las oficinas de Pamela Martínez, una de las procesadas en el caso Sobornos. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Todo fue registrado de forma ordenada: encuentros, entrega de cargos en el Gobierno, peticiones para ocupar puestos en el Ejecutivo, venta de boletos y hasta fiestas para el círculo íntimo de Alianza País.

Los archivos de Laura Terán, que ahora están en poder de la Fiscalía, muestran que ella y Pamela Martínez, procesadas en el caso Sobornos, no solo eran las encargadas de registrar los aportes millonarios, para el movimiento correísta.

Más documentos judicializados, que fueron revisados por este Diario, muestran, por ejemplo, las estrategias que manejaban para acercar a gente del Gobierno, a fiscales y a políticos con empresarios que hoy son investigados.

Por ejemplo, el 3 de junio del 2014, Laura Terán escribe un correo electrónico en el que se incluye un listado con 123 personas. Se trata de un registro de invitados para la fiesta de cumpleaños de Martínez.

En cuadros de Excel aparecen los nombres, la confirmación y si va o no con pareja.

Entre los invitados confirmados aparecen jueces nacionales, el contralor de ese momento Carlos Pólit, el exvicepresidente Jorge Glas, su esposa, abogados particulares, contratistas con el Estado y hasta el exejecutivo de Odebrecht, Geraldo Pereira de Souza.

También consta un vocal del entonces Consejo de la Judicatura, que cuando fue nombrado garantizaba la independencia judicial. Luego del discurso de Rafael Correa, sobre la “metida de mano” en la justicia, negó que aquello vaya a ocurrir. Hoy es abogado de uno de los fugitivos de A. País.

En anteriores archivos ya aparecieron fiestas organizadas para el excanciller Ricardo Patiño. Allí también habría operado el mismo esquema para convocar a la mayor cantidad de actores, que en ese momento manejaban temas políticos y asuntos judiciales.

“Vivían el apogeo del poder”, dice el exlegislador César Montúfar. “Esto demuestra que reprodujeron un comportamiento mafioso. Grupos de empresarios, políticos, funcionarios públicos coludidos para cometer actos ilícitos; actuaban de una manera cínica. Ellos estaban seguros de la impunidad, porque controlaban todo, incluida la justicia”.

Según las indagaciones, la fiesta de Martínez aparentemente fue pagada con fondos ilícitos. En julio del 2017, el exejecutivo de Odebrecht Rodrigo Tacla ya reveló que la empresa no solo sobornaba con fuertes sumas de dinero, sino también organizaba fastuosas fiestas para funcionarios de la región. Además, ponían a disposición una red de “prostitución de élite” y las mujeres “eran llevadas exclusivamente desde ciudades de Brasil”.

En el caso ecuatoriano, los archivos de Pamela Martínez dicen que Odebrecht aportó con USD 2,5 millones para AP.

Pero los fondos que recibían no solo venían de empresarios.

Correos electrónicos de Laura Terán mencionan también la venta de boletos, para recaudar dinero, aunque no se especifica el evento que se organizaba.

En una lista de Excel vuelven a aparecer nombres de jueces, funcionarios públicos, abogados y contratistas estatales.

Según esos documentos, ellos debían pagar por los boletos, cuyos montos van entre USD 100 y USD 1 000.

En el archivo se incluyen comentarios como estos: “pagará primera semana de noviembre”, “pendiente de pago”, “pagado” o “por pagar”.

La lista de los contribuyentes por este concepto específico es larga. Contiene al menos 150 nombres y frente a cada uno aparecen montos de USD 400, USD 500, USD 700. Eso es lo que deben cancelar.

Esta información aparece en un correo electrónico fechado al 5 de noviembre del 2013 que Martínez y Terán se cruzaron.

Contratos, órdenes y cargos en el Gobierno

Entre los correos de Terán también consta uno del 6 de mayo del 2013, cuyo asunto es “Factura Telconet”. Como documento adjunto consta una factura por USD 64 888 de la empresa que maneja Alonso Guerrero Ullauri, antiguo productor de las Sabatinas.

En la versión que rindió Guerrero en la Fiscalía, reconoció que algunos actos masivos, que organizó para Alianza País, fueron pagados por contratistas estatales.

En cambio, la versión de Tomislav Topic, accionista de Telconet, es que esos servicios fueron legales y que su compañía pagó a Guerrero por eventos para socializar un contrato que esta firma tenía con el Ministerio de Telecomunicaciones en el 2013.

En los escritos además constan órdenes que Martínez daba a la entonces Judicatura.

En un ‘mail’ le pide a Terán que insista sobre una acción de protección presentada en contra del Colegio de Abogados del Guayas. Terán le contesta que el que interpuso la acción se llama Noel y que ha recurrido al mismo pedido en dos ocasiones y la han negado.

En los correos aparecen otros dos mensajes para Correa, de personas que solicitan puestos de trabajo. Un pedido es de un vocal de la Judicatura de Transición del 2011.

En el 2013 pide autorización para que se le asigne el consulado de Los Ángeles o de Miami. Asegura que se le ha ofrecido la Embajada de Ecuador en Italia, pero que no le interesa.

Indica que además se le ha ofrecido el Viceministerio del Interior, pero que teme represalias en el nuevo cargo.

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