En lugar de gastar tiempo, recursos económicos y -por qué no decirlo- talento intelectual en advertir los contenidos sexistas o violentos de las tiras cómicas de los diarios, los funcionarios del Consejo de Regulación y de la Supercom deberían preocuparse de cosas más graves.
Por ejemplo, luchar a toda costa porque los críticos del poder, como Crudo Ecuador, tengan las garantías que corresponden a una sociedad democrática para lanzar sus puyas sin que nadie les envíe flores ni advertencias.
Quienes consideran, como sucede con todo manifiesto doctrinario, que la Ley de Comunicación marca el principio y el fin de la libre expresión del país, a las reprochables amenazas a Crudo Ecuador se les debería aplicar el tan recitado principio de la responsabilidad ulterior.
Es lo más justo en un país donde debe imperar la igualdad ante la ley. Periodistas, formadores de opinión y medios reciben a diario órdenes de rectificación y réplica, bajo el argumento de que lo más importante es ser responsable por lo que se informa y lo que se comenta.
Pero hasta hoy, ninguno de esos dos entes de control, creados por inspiración de legisladores y asesores oficialistas, se ha puesto a reflexionar sobre cómo se usó el aparataje estatal para exponer al administrador del portal Crudo Ecuador y denostar su irreverencia. El caso condujo a una macabra amenaza anónima dirigida a su familia.
¿Solo el Estado central, y quienes lo gobiernan, tienen derecho a proteger y cuidar su integridad y reputación? ¿Acaso los incesantes cuestionamientos que salen del poder en contra de periodistas y otras figuras incómodas no requieren de un llamado a la moderación y a la proporción?
Ese asedio también debiera estar bajo la lupa de los funcionarios del Cordicom y la Supercom, pues tendrían que controlar las prácticas informativas del Gobierno. En lugar de escandalizarse por Olafo, debieran comprometerse para que baje la crispación y nunca alentarla.