15 de August de 2009 00:00

El Estado pagó los salarios a los 342 ex trabajadores de Perenco

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Redacción Negocios
 negocios@elcomercio.com

Un acuerdo amistoso entre el Gobierno y la petrolera francesa Perenco parece cada vez más lejano.
 
En contra, Perenco tiene el despido de  sus obreros, luego de que ellos se negaron a   cumplir con la suspensión de operaciones anunciada por la compañía  el 16 de julio pasado.
 
Petroecuador intervino  y pidió a su unidad  Petroamazonas que preste apoyo operativo. Los 342 ex trabajadores de Perenco  están a cargo del Estado, aunque aún no está clara  su situación laboral.

“Fueron cancelados (los salarios) hasta el 31 de julio y la próxima semana el Gobierno tomará una decisión” sobre este tema, dijo Wilson Pástor, titular de Petroamazonas.

La petrolera está a la espera de un decreto que aclare este tema.
 
Por más de dos años el Gobierno y la compañía han tratado, sin resultado, de llegar a un acuerdo amistoso para modificar las condiciones de su contrato en el país.

La firma genera   20 000 barriles diarios de crudo,    4% de la producción nacional (470 000 barriles).
 
Desde que el conflicto se agravó   con el anuncio de Perenco de  suspender su  operación, los contactos con esta firma no han tenido resultados. Por pedido de Perenco,     el   28 de julio  se dio una reunión, pero  de carácter técnico.

“Para asegurar una transición ordenada de las operaciones”, dice el titular  de Petroecuador, Luis Jaramillo en una carta enviada a Erick D’Argentre, de Perenco.

“Petroecuador se ha reunido un par de veces (con Perenco), pero sin mucho resultado”, dijo   ayer  por su parte el ministro de Petróleos, Germánico Pinto.
 
Pero  la balanza parece inclinarse a favor de Petroecuador.

La petrolera estatal, a cargo del control de  los contratos privados,   tendrá la potestad desde el lunes para iniciar un proceso de caducidad en contra de Perenco.

Esto luego de que se cumplan 30 días de que la compañía, según el Gobierno, abandonó sus bloques. Ello es una causal para terminar su contrato, según  la Ley de Hidrocarburos.

Pinto prefirió no hablar de este tema y se limitó a decir que continúa el análisis jurídico.

Para  el analista  Luis Calero,  el eventual inicio de un trámite de caducidad agudizará el conflicto.  “La aparente razón de suspensión injustificada de las operaciones no tendría muchas posibilidades de ser creíble en instancias internacionales, si consideramos la oficiosa intervención de Petroecuador  en las operaciones de los bloques, sin que exista fundamento legal o contractual”.
Cree que el Estado debiera buscar un arreglo amistoso.    
 
El analista Edmundo Brawn ve muy difícil que en estas condiciones se pueda retomar un diálogo entre las partes. “Porque la  intervención se hizo sin todos los requisitos técnicos o legales, porque simplemente dejó de operar Perenco y entró Petroamazonas”.

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