1 de agosto de 2019 00:00

El Estado inició el pago de incentivos jubilares con bonos

Los jubilados empezaron con la huelga de hambre desde el 23 de julio pasado. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Los jubilados empezaron con la huelga de hambre desde el 23 de julio pasado. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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María Vanessa Silva

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Agua y caramelos son los únicos productos con los que se mantienen los jubilados del sector público, que el 23 de julio pasado iniciaron una huelga de hambreen los exteriores de la Asamblea. Ellos exigen al Gobierno el pago en efectivo de sus incentivos jubilares.

Los extrabajadores adoptaron esta medida en rechazo al plan del Ministerio de Finanzas de cancelar con bonos más de la mitad de los USD 350 millones que fueron aprobados en el Presupuesto General del Estado para este año.

En los nueve días que lleva la huelga, los directivos de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados (que promueve la acción) se han reunido en tres ocasiones con representantes del Gobierno y de la Asamblea. Ayer 31 de julio del 2019, la reunión terminó nuevamente sin acuerdo entre las partes.

El Ejecutivo planteó como alternativa crear un aporte especial para saldar los pendientes con los jubilados.

Juan Sebastián Roldán, secretario Particular de la Presidencia, dijo que se analiza “hacer un esfuerzo extra entre el Ejecutivo y la Asamblea para pedirles a los ecuatorianos un apoyo directo para poder pagar a los jubilados”.

Se trataría de un mecanismo similar a las contribuciones especiales de la Ley de Solidaridad, que estuvieron vigentes por un año y que tenían como objetivo cubrir los costos de los daños causados por el terremoto del 16 de abril de 2016.

El asambleísta Homero Castanier comentó que en la reunión de ayer no hubo consenso para aceptar la propuesta del Gobierno, ya que los técnicos de Finanzas no explicaron el alcance del tributo.

jubilados


El planteamiento tampoco convenció a los jubilados, quienes a cambio proponen un cronograma de desembolsos hasta diciembre próximo.
“No nos moveremos de aquí hasta que nos paguen en efectivo”, dijo Manuel Orozco, sentado sobre el colchón en el que descansa. Él es uno de los jubilados que participa en la huelga.

Orozco se jubiló como docente en el 2016. Asegura que su expediente ha sido validado para recibir el dinero, pero su trámite no avanza. Padece de diabetes y en estos días solo se mantiene con sueros que sus compañeros le proporcionan.

Desde la noche del martes una ambulancia con paramédicos del ECU 911 permanece estacionada junto a la carpa de los jubilados, en caso de alguna afectación a la salud de los manifestantes.

Mientras tanto, asambleístas como Carlos Bergman (AP) rechazaron el planteamiento de que la población tenga que pagar las deudas del Estado con los jubilados. La Comisión de Soberanía Alimentaria, a la cual él pertenece, aprobó por unanimidad iniciar un proceso de juicio político en contra de Martínez, por no atender los llamados de la mesa desde agosto de 2018. Se trata del tercer pedido de este tipo que está en trámite en la Asamblea.

El Ministro se excusó ayer de asistir a una convocatoria de esa Comisión. Justificó su inasistencia porque debía resolver la situación con los exservidores públicos en huelga.

Finanzas emitió un comunicado en el que informó que 255 exfuncionarios ya recibieron bonos como pago por los incentivos adeudados. Optar por los títulos es voluntad de las personas, se aclaró.

El monto de bonos fue de USD 13,2 millones “y permitirá a los jubilados ganar un interés fijo al mes hasta el vencimiento del papel y recibir el capital según las condiciones financieras de dicho bono. El interés se fija en función del plazo del bono que, a su vez, guarda relación con la edad del beneficiario”, reza el comunicado.

Según datos oficiales, 4 732 personas solicitaron la apertura de una subcuenta en el Banco Central para recibir el bono.

Las deudas del Estado con los jubilados no son recientes e involucran casos que datan de 2008. En enero pasado la Asamblea aprobó la Ley Interpretativa a la Disposición General Novena de la Ley de Educación Intercultural, que reconoce el incentivo a maestros que se retiraron en 2008, 2009 y 2010. El Ejecutivo no la vetó.

Dicha norma fija que los profesores de instituciones fiscales que se jubilaron, a partir del 20 de octubre del 2008, tendrán derecho a recibir la compensación mediante el pago de un estipendio variable, en función de la edad y los años de trabajo. El monto máximo será de 150 salarios básicos y de cinco por cada año de servicio.

La aprobación unánime de la Ley Interpretativa aumentó las obligaciones del Estado en unos USD 180 millones, adicionales a los USD 350 millones presupuestados por Finanzas para el año en curso.

Algunos jubilados del 2008 al 2010 recibieron en su momento el estipendio de USD 12 000, pero reclaman que se les desembolse cantidades similares a las que han conseguido otros exfuncionarios, con un valor máximo de 53 100.

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