El fiscal César Peña, encargado del caso, ha solicitado varios documentos al Ministerio de Educación. Mario Faustos / EL COMERCIO
Los pequeños ya no quieren hablar con sus padres de lo que pasó en el baño de la escuela. Cambian el tema o se tapan los ojos, intentando olvidar.
“Me dice: ‘Ya no me digas nada papi’. Y yo me pregunto: dónde estaba el tutor, el inspector, por qué no se fijaron que los niños se demoraban en el baño”, dice el padre de uno de los alumnos de tercero de básica, que habrían sido víctimas de abuso sexual en una escuela del norte de Guayaquil.
Él y otros denunciantes piden investigar a más docentes. Los cuatro implicados, tres de ellos detenidos, eran profesores del bachillerato; pero los padres también se quejan de la falta de cuidado de los maestros más cercanos a sus hijos.
“Cuando mi niño reconoció a uno de esos maestros, las demás profesoras no sabían qué hacer. Les exigí que me den el nombre para denunciarlo, pero no dijeron nada”, recuerda otra madre.
Ella fue la primera en descubrir lo que ocurría y confiesa que en más de una ocasión se sintió derrotada al salir sin respuestas de la escuela. “La rectora no quería que los demás papitos se enteren. Me dijo que no haga de esto un escándalo”.
Hernán Ulloa, abogado de los padres, explica que el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que las autoridades -en este caso la rectora-, tienen el deber de denunciar los presuntos delitos reportados en sus centros.
La Fiscalía abrió una investigación por fraude procesal contra la rectora, por impedir el allanamiento en el plantel, el 6 de octubre. Ulloa pide incluirla en el caso de delitos sexuales.
“No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo”, resalta el defensor.
El fiscal César Peña, encargado del caso, citó para este miércoles, 18 de octubre, a las 11:00 a la funcionaria, que fue separada de su cargo. También coordina con la Dinapen las entrevistas a más de 100 maestros del plantel. Y con el acuerdo ministerial 87, el Ministerio de Educación dispuso hacer evaluaciones psicométricas a todo el personal.
“Hay más culpables por callar -dice otra madre denunciante-. Mi hija cuenta que uno de esos maestros entraba a la clase y sacaba a los niños del brazo. Les decía a los demás que se los llevaba por malcriados”.