18 de julio de 2018 15:30

Padres piden ayuda a Moreno por abuso sexual de su hijo de 5 años

Imagen Referencial. Cámara de Gesell, lugar donde las víctimas de abuso sexual narran su testimonio. Foto: EL COMERCIO

Imagen Referencial. Cámara de Gesell, lugar donde las víctimas de abuso sexual narran su testimonio. Foto: EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 81
Triste 1
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Redacción Elcomercio.com

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Fabián y Sandra, padres de un pequeño de 5 años víctima de abuso sexual en su escuela, escribieron una carta al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para pedirle que el caso no quede en la impunidad y contarle, con sorpresa, las trabas que encontraron en el sistema de Justicia y en las autoridades gubernamentales de Educación.

En el texto, los padres son frontales con instituciones como la Fiscalía, de la cual señalan por su indolencia; refieren que sus “pocas actuaciones de oficio redundan en la impunidad”. Asimismo relatan que el Ministerio de Educación aún no ha intervenido en la escuela de Quito, donde ocurrió el delito, tras la denuncia que presentaron, pese a que el de su hijo no fue el único caso.

“Somos padres de un niño de cinco años a quien un seudoprofesor abuso de él en la escuela (…), este tecnólogo mecánico fue contratado como profesor de educación física a inicios del año lectivo contraviniendo las normas establecidas para el efecto por el Ministerio de Educación, a nuestro hijo lo masturbó tan duro que desgarró su pene causándole una herida de dos centímetros de espesor, hecho que no sabemos cuántos veces sucedió pero que hemos podido confirmar que no solo lo cometió con él sino con al menos cuatro niños más. Fue un viernes 27 de abril, ya en casa nos dimos cuenta de esta atrocidad, cuando al ayudarle a cambiarse de ropa pudimos notar que su calzoncillo estaba empapado de sangre seca y que su pene estaba profundamente lastimado”. El fragmento forma parte del desgarrador testimonio de los padres, en la carta.

Fabián y Sandra denuncian el poco acceso a la justicia que han enfrentado en el proceso, que iniciaron apenas conocieron de la agresión sexual. Cuentan que las autoridades de la escuela y padres de familia intentaron amedrentarlos, los llamaron “locos” y hasta les acusaron de querer obtener dinero, por lo que tuvieron que solicitar boletas de auxilio. Asimismo, que el profesor no fue retirado del establecimiento, sino asignado a tareas administrativas, y que, incluso, amenazó al pequeño, por lo cual él no quiso regresar a clases.

Con la carta, que también está dirigida al Ministerio de Educación y del Interior, los padres piden agilizar la investigación en el caso y dicen que lo hacen, además, para salvaguardar la integridad física y psicológica de los otros niños también violentados por el mismo agresor y en la misma escuela, porque sus familias no quisieron continuar con el proceso judicial por temor a represalias.

A continuación, la transcripción de la carta completa remitida por Fabián y Sandra a Moreno:

Señor Licenciado
Lenín Moreno
Presidente Constitucional
República del Ecuador

En su despacho,-

Señor Presidente:

En Ecuador, nuestras, niñas, niños y adolescentes son objeto de maltratos físicos, psicológicos y sexuales, en sus espacios educativos, queda claro que laescuela ha dejado de ser un lugar de referencia.

Las últimas cifras reportadas por el Ministerio de Educación dan cuenta de la alta vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en los espacios educativos.

1.623 casos -no víctimas, en un caso puede haber uno o más víctimas- de abuso sexual han sido cometidos en ellos. Mientras la Fiscalía informa de 4.864 casos denunciados desde el 2015 al 2017, delitos sexuales que casi siempre son cometidos por docentes aunque en ocasiones los perpetradores también son conserjes, conductores y adolescentes varones contra niñas menores, en la mayoría de los casos estos se han dado a la fuga.

Licenciado Moreno, el Estado tiene la obligación de cuidar y proteger los derechos de las personas, en especial los de grupos vulnerables y con una frágil representación social como son las niños, niñas y adolescentes, quienes, al ser víctimas de conductas sexuales abusivas no solo sufren sus consecuencias inmediatas sino que estas se quedan gravadas en su memoria emocional de por vida causándoles grandes y graves daños.

Lo cierto es que la violencia sexual cometida en contra de niños, niñas y adolescentes en sus espacios educativos es un problema caracterizado por la falta de denuncia y el subregistro. El subregistro y la ausencia de denuncia obstaculizan la prevención, dificultan la sanción, y agravan las tradicionales dificultades de acceso a la justicia que tienen los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual si a esto le sumamos las pocas actuaciones de oficio por parte de la Fiscalía que redunda en la impunidad que es especialmente significativa en la violencia sexual en los contextos de la educación nos encontramos frente a una problemática social muy, muy grave que nos obliga a buscar respuestas de tipo social, judicial, legislativas, educativas y de salud pública.

El acceso a la protección judicial es sin duda alguna la segunda línea de defensa -la familia es la primera- para la erradicación del problema de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Por ello es de vital importancia no solo proveer recursos judiciales, sino que se debe garantizar que los recursos sean idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas, lastimosamente esto no está sucediendo en el Ecuador.

Le hablamos con conocimiento de causa pues somos padres de un niño de cinco años a quien un seudoprofesor abuso de él en la escuela (...) en la ciudad de Quito, este tecnólogo mecánico fue contratado como profesor de educación física a inicios del año lectivo, contraviniendo las normas establecidas para el efecto por el Ministerio de Educación, a nuestro hijo lo masturbó tan duro que desgarró su pene causándole una herida de dos centímetros de espesor, hecho que no sabemos cuántas veces sucedió pero que hemos podido confirmar que no solo lo cometió con él sino con al menos cuatro niños más.

Fue un viernes 27 de abril, ya en casa nos dimos cuenta de esta atrocidad, cuando al ayudarle a cambiarse de ropa pudimos notar que su calzoncillo estaba empapado de sangre seca y que su pene estaba profundamente lastimado. Al preguntarle que le sucedió nos dijo "Luis tocó" no sabíamos a quien se refería, fue al hablar con su psicólogo particular, a quien contactamos inmediatamente, que pudo manifestar que su "profesor de educación física era malo". Por consejo de la profesional, nos trasladamos a la Fiscalía fue aquí donde tomaron como evidencia su calzoncillo, mandando a realizar en la sangre en él constante algunos exámenes, también fue aquí donde practicaron un examen ginecológico a nuestro hijo y luego de 10 tortuosas horas nos derivaron al Hospital Baca Ortiz. Ya en el hospital tanto un pediatra como un urólogo constataron el daño causado a nuestro niño pero ninguno se animó a poner un diagnóstico en este sentido ni siquiera una sospecha, tampoco a Fiscalía se le ocurrió investigar el caso como un delito flagrante es más nos recomendaron no poner la denuncia y más bien denunciar el hecho en el Distrito Educativo por tratarse de un asunto administrativo.

Nuestro hijo pasó una noche en el hospital en observación pues tenía mucho dolor, decidieron no cogerle puntos pese a que los requería para evitarle otro trauma. Esta agresión atroz coincidió con el feriado del 1ero de mayo para nosotros tortuoso y largo, finalizado el mismo fuimos a la escuela a presionar por una respuesta y al confirmar a través del DECE que nuestro hijo no era la única víctima, la autoridad de la escuela puso una denuncia por cada niño violentado en total 4, pudiendo existir muchos más pues este ofensor sexual no solo era profesor de los más pequeños sino que reemplazaba a otros docentes cuando estos se ausentaban. La escuela a día de hoy no ha sido intervenida por el Ministerio de Educación a fin de descartar el número de víctimas.

Tuvimos el desatino -si así se le puede llamar a confiar en el sistema- de creer en las autoridades del colegio y en el Distrito No. 5 quienes pusieron en funciones administrativas al docente aislándolo, supuestamente, de tener contacto con los niños, de verdad creímos en las autoridades y enviamos a nuestro hijo a la escuela después del incidente, en los dos días que permaneció allí su ofensor sexual tuvo tiempo para amenazarlo, atemorizarlo y amedrentarlo de modo tal que nuestro hijo no quiso regresar más a la escuela (...), presentando un cambio profundo en su comportamiento, de hecho el niño tiene un cuadro severo de depresión con tan solo cinco años. Siete días permaneció este ofensor sexual en la escuela después de puestas las denuncias ya que es la Subsecretario de Educación la que debe autorizar la salida de cualquier docente aun cuando este sea un pederasta, tiempo en el que no solo amedrentó a nuestro hijo sino que pudo haber abusado o incluso secuestrado a uno o varios niños pues era el encargado de abrir y cerrar la puerta de la entrada principal de la escuela, actividad que no cesó mientras se encontraba en las supuestas actividades administrativas, durante esos 7 días se lo podía encontrar en los pasillos, en los recreos, en los baños siempre cerca de los niños.

En este tiempo los padres de familia y las autoridades de la escuela (...) comenzaron a tomar partido a favor del seudodocente, a amenazarnos, a buscar en nosotros y en nuestro hijo una justificación a este hecho atroz, que queremos dinero, que estamos locos, que estamos mintiendo nos dijeron, anexamos audios a este respecto, estos audios fueron puestos a consideración de la Subsecretaría de Educación de quito, quien ordenó dar charlas y talleres en la escuela para aparentemente neutralizar estos comentarios, no obstante las amenazas, las inculpaciones nunca cesaron razón por la que nos vimos en la necesidad de requerir a Fiscalía boletas de
auxilio.

Tras las denuncias puestas por la rectora de la escuela a Fiscalía, a nuestro niño no le pudieron practicar el examen psicólogo ya que no quiso hablar (y cómo hacerlo si su ofensor tuvo tiempo suficiente para amenazarlo), “...se muestra evasivo, no colabora, se encuentra inquieto, no fija la atención, se distrae fácilmente pero sobretodo no brinda mayor información del suceso" reza el informe.

Este fue el pretexto perfecto para dilatar en más de un mes y medio el proceso, esto más la falta de reactivos para realizar las pruebas de espermatozoides y proteína P30 en el calzoncillo de nuestro hijo y una “equivocación" al aseverar que ya habían practicado el examen psicológico al niño que vio como este seudodocente masturbaba a nuestro hijo hastadesgarrarlo para luego tocarlo a él, examen que no había sido practicado, hizo que el ofensor sexual tenga tiempo suficiente para planificar su huida e incluso dar entrevistas y emitir declaraciones.

Para cuando le dictaron cargos, casi dos meses más tarde, gracias a la presión mediática y social que ejercimos, este ofensor sexual de al menos 4 niños pequeños huyó y con él el enorme riesgo de que más niños sean violentados sexualmente por este pederasta.

Señor Presidente, ¿qué hicimos mal? El día que conocimos del hecho estuvimos en Fiscalía casi 10 horas, allí entregamos la ropa interior de nuestro niño, permitimos que lo examinaran, fuimos derivados al Hospital Baca Ortiz, dos galenos lo trataron, estuvo una noche en observación dolorido, temeroso, triste. Y sin embargo nadie vio la necesidad de denunciar el hecho, nadie valoró el peligro que significaba tener un agresor sexual suelto trabajado en una escuela. ¿Por qué, señor Presidente, si se supone que hay un sistema de protección de los niños este no funciona o lo hace a medias? Por qué deben ser las víctimas y sus familias las que suframos las consecuencias de la falta de articulación interinstitucional, de la falta de ética, de conocimiento, de compromiso y profesionalismo de quienes tienen la obligación de brindar apoyo, ayuda y protección a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos? Nosotros quisimos poner la denuncia nos dijeron que no, que era un trámite administrativo, nadie se hizo cargo, nadie quiso ayudar a nuestro niño.

Cree usted que es correcto, Señor Presidente, poner en un informe que nuestro niño no quiere hablar como justificativo a la inacción cuando bien se sabe que hay otras formas lúdicas de abordar a los niños más aún si estos han sido violentados? Es correcto no realizar la pruebas en la ropa interior de nuestro niño por falta de reactivos, no practicar el examen psicológico al otro niño violentado por un “error”, así como no ver en este delito la flagrancia pese a todas las pruebas y por lo tanto demorar su investigación casi dos meses dando tiempo de huir al agresor?

Cree, Señor Presidente, que es correcto escuchar en nuestro trajinar una conversación entre la Fiscal encargada de la investigación con la Jueza a cargo de la diligencia en la CÁMARA DE GESELL que se refieren a nuestro hijo como un niño "mudo” pues no habla no solo por miedo sino porque tiene un problema de lenguaje? Es correcto, señor Presidente que a ese niño “mudo" y a su familia no se les hayan brindado ni contención ni apoyo psicológico? No cabe duda que hemos sido maltratados, menospreciados y vilipendiados por un sistema que se supone debe ser eficiente y eficaz pero que en la práctica es perverso.

Señor Presidente, es Imprescindible crear mecanismos efectivos de denuncia que garanticen el derecho de los niños, niñas y adolescentes de ser escuchadas para que accedan efectivamente a la justicia.

Hay que redoblar esfuerzos para monitorear y supervisar el desempeño de las instituciones educativas, públicas y privadas, estableciendo registros y desarrollando estadísticas que permitan dimensionar la magnitud de esta problemática.

Debemos hacer frente de manera decidida a los problemas estructurales y coyunturales como el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos han sido violados. Algunas de las prioridades existentes son la necesidad de capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos encargados de investigar, valorar y sancionar estos delitos; el difundir información a los usuarios sobre sus derechos; y la adopción de normas destinadas a investigar, procesar, y sancionar a nivel disciplinario y penal a los funcionarios que actúan con negligencia o cometen violencia contra la niñez y la adolescencia en estos espacios.

Sabemos que los problemas en la denuncia, la investigación, el procesamiento, y la sanción de casos de violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes obedecen a una diversidad de factores, como la falta de políticas públicas de protección, los patrones socioculturales discriminatorios que descalifican a las víctimas y exigen mecanismos de corroboración para impulsar la investigación, la ausencia de mecanismos de protección tanto de víctimas como de testigos lo cual dificulta la denuncia o el conflicto entre las normas administrativas y penales que dificulta la sanción de los hecho investigados. No cabe duda que la baja utilización del sistema de justicia por parte de las niñas niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familias se debe especialmente a su desconfianza en el sistema judicial.

No obstante en los casos que han alcanzado visibilidad pública como el nuestro hemos podido constatar con asombro como la poca o nula actuación de la Fiscalía permitió que este ofensor sexual fugue, entidad que bajo el amparo de “la confidencialidad del proceso” no da cuenta de su accionar, siendo la razón por la cual estos ofensores sexuales se burlan de la justicia, de las víctimas y sus familias. Requerimos, entonces, que esta entidad actúe con prontitud, celeridad e imparcialidad y que no responda única y exclusivamente a la presión social y mediática sino a la ética, a la especialidad y a la especificidad.

Señor Presidente, las características de la violencia sexual en las Instituciones educativas exigen procedimientos especiales para la denuncia, investigación y el proceso judicial. Además de los problemas propios de cualquier tipo de proceso por violencia sexual, la violencia ocurrida en las Instituciones educativas presenta dificultades específicas. Tratándose de espacios mediatizados por la autoridad y las relaciones de poder entre docentes y estudiantes, el tratamiento de la violencia en estos ámbitos exige normas y procedimientos especiales diseñados con una incontestable perspectiva de género y pensando en las necesidades particulares y la situación de riesgo de las potenciales víctimas.

Es evidente que el Ministerio de Educación hasta la fecha no ha podido lograr un cambio en la cultura escolar en materia de violencia por lo que esperar que a través de campañas este cometido se logre es una negligencia social.

La violencia sexual en las instituciones educativas ocurre en el marco de una relación de poder construida a partir de la diferencia de edad y/o de género en contextos altamente jerarquizados; elementos que caracterizan el actuar de muchas instituciones educativas.

La pobreza, la desigualdad, la discapacidad, y la pertenencia a grupos étnicos minoritarios son aspectos que agravan el desequilibrio en esta relación y exponen a las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a estos grupos a un mayor riesgo a violaciones de sus derechos humanos. De igual forma, la violencia sexual en estos espacios está ocultada por el denominado “pacto de silencio" que, en esto casos no sólo desestimula la denuncia para la protección a la privacidad o el “honor” sexual, sino que lo hace también por temor a la retaliación.

Señor Presidente, el trabajo de la mesa interinstitucional creada como una respuesta rápida a una problemática social lacerante desvelada el año anterior así como la conformación de la Comisión AAMPETRA no han rendido los frutos deseados, es más han retardado la búsqueda de soluciones probas tendientes a prevenir, atender y en lo posible erradicar este mal social, prueba de ello el caso de nuestro niño, una muestra evidente de que el sistema de protección de derechos de la niñez y la adolescencia no funciona que es maltratante, lento e ineficiente. Es hora ya de buscar medidas orientadas a proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes, con un mayor cuidado y responsabilidad de acuerdo al principio del interés superior del niño.

En nuestro caso particular solicitamos a usted, muy comedidamente, se sirva ordenar a quien corresponda la Investigación del caso de nuestro niño a efectos de determinar responsabilidades tanto judiciales como administrativas, hay un ofensor sexual suelto gracias a la Inacción y la falta de trabajo interinstitucional y coordinado entre el Ministerio Educación y Fiscalía, le pedimos también ordene al Ministerio del Interior que incluya al señor Luis (...) en la lista de los más buscados al tiempo que y pese a que nuestro niño se encuentra en otra institución educativa solicitamos ordene al Ministerio de Educación que la escuela (...) sea intervenida a efectos de descartar que existan más niños víctimas de este ofensor sexual al tiempo de salvaguardar la integridad física y mental de tres niños que también fueron violentados por este pederasta cuyos padres no han querido continuar con el proceso judicial pertinente por miedo a represalias.

Anexamos una copia del proceso iniciado en contra de señor Luis (...).

Con altos sentimientos de respeto y consideración, anticipamos nuestro. 

Atentamente

Fabián Salguero Ulloa
Sandra Mariela Cisneros

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (24)
No (4)