27 de octubre de 2017 18:48

Padre de niño violado: ‘Cuando supe que habían condenado a mi hijo de por vida con el VIH pensé en hacer lo peor’

El padre del menor era guardia del plantel en donde se habría producido la violación. El establecimiento fue cerrado. Foto: Mario Faustos/EL COMERCIO

El padre del menor era guardia del plantel en donde se habría producido la violación. El establecimiento fue cerrado. Foto: Mario Faustos/EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 94
Triste 25
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Redacción Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Su rostro está marcado por el cansancio. A diario madruga para trabajar como mensajero y en los últimos tres años ha redoblado sus recorridos para ganar un poco más del sueldo básico. Necesita el dinero para cubrir el tratamiento médico de Andrés (nombre protegido), el mayor de sus dos hijos.

El agotamiento de este hombre de 32 años también está ligado a un calvario judicial que le ha tocado transitar desde el 2014. En ese año supo que su pequeño, que en ese tiempo apenas tenía 8 años, había contraído el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Los exámenes médicos revelaron que la posible causa era una violación.

“Cuando supe que habían condenado a mi hijo de por vida con el VIH pensé en hacer lo peor… Luego recapacité y decidí seguir luchando por él, por mi familia”, recuerda el padre. Fue lo primero que vino a su cabeza cuando recibió el diagnóstico en el pediátrico donde había internado al niño por una fiebre intensa que duró días.

Antes de ser mensajero trabajó en un instituto pedagógico del norte de Guayaquil, donde también funcionaba una escuela. Era un trabajo prometedor: le ofrecieron una casa dentro del establecimiento, un contrato fijo y educación para Andrés en la misma escuela. Pero ese sitio se convirtió en una pesadilla para el pequeño.

“Mi hijo estuvo tres meses en el hospital después del diagnóstico de VIH. Cuando salió me hice más amigo de él y empezamos a conversar… Hasta que me contó que don Ángel, el chofer de los profesores y directivos del instituto, lo había violado en uno de los baños”.

Entonces, empezó a atar cabos. Unos meses atrás de aquella fiebre súbita, Andrés cambió su comportamiento. Estaba más tímido y retraído. Tenía dinero y decía que lo encontraba en el patio de la escuela. Habían hablado con una psicóloga de la institución que interpretó que solo eran travesuras infantiles.

Después de los tres meses en el hospital y la confesión del pequeño, el padre puso la denuncia en la Fiscalía del Guayas, el 16 de julio del 2014. Desde ese día empezaron juntos un tedioso recorrido por despachos de fiscales, entrevistas sicológicas y audiencias.

“Mi hijo tuvo que contar una y otra vez lo que había ocurrido, quizá unas diez veces. En una de esas ocasiones vio al abusador en la Fiscalía. Mi niño salió corriendo por las escaleras, con miedo; aún hasta ahora tiene pesadillas por lo que vivió”.

La familia del menor calcula que el caso pasó por al menos cuatro fiscales. Rómulo Sevilla fue el último en investigar la denuncia, cuando aún estaba en la Unidad de Violencia de Género y dice que pidió la prisión preventiva del presunto agresor. Fue en mayo pasado, cuando recién se dio la audiencia preparatoria a juicio.

“El abogado del acusado presentó los justificativos constitucionales de ser un hombre de tercera edad, con alrededor de 75 años; y los certificados médicos que indican que padece una enfermedad catastrófica, VIH -diagnosticado desde el 2008-. La jueza que atendió esa diligencia dictó las medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía”.

Entre esas medidas está la presentación cada 15 días ante un fiscal. Ese dictamen decepcionó a la familia de Andrés. “Yo le prometí a mi hijo que esa persona, que lo condenó a muerte, pagaría por lo que le había hecho. Pero después de esa audiencia supe que no podría cumplir la promesa”, revela el padre.

Para entonces habían dejado de pagarle a un abogado privado y se acogieron a un defensor público. Hace una semana contactaron a Abdalá Bucaram Pulley, quien asumió su defensa junto con Pedro Granja y la Federación de Abogados del Ecuador.

“Esperamos que se castigue al abusador y que se impongan medidas a favor del menor para, de alguna forma, resarcir el daño causado. De lo contrario empezaremos un proceso contra el Estado para resarcir, de manera civil, el daño y todo el proceso que el niño tendrá que enfrentar a futuro a causa del virus”, explicó Bucaram.

En esta semana, cuando el caso se hizo público, el proceso judicial se aceleró. El pasado jueves, Julio Aguayo, director del Consejo de la Judicatura en Guayas, dijo que la audiencia de juzgamiento se realizaría ese mismo día. Luego se confirmó que está programada para el martes 31 de octubre del 2017, a las 16:00, en los juzgados del norte de Guayaquil.

Hasta hace unos días, Andrés no sabía que su padre seguía insistiendo en conseguir una sanción contra el agresor. Unos meses atrás el niño, que ya tiene 11 años, le había pedido que dejara el caso. “Pero nunca perdí la esperanza. Parece que la próxima semana lograré cumplir mi promesa”.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (130)
No (11)