23 de septiembre de 2018 00:00

Soraya Herrera: 'El Pacto por la Seguridad vial va a paso de tortuga'

Hay compromisos políticos-gremiales. Los transportistas no quieren que se les controle; no les interesa eso”.

Soraya Herrera: "Hay compromisos políticos-gremiales. Los transportistas no quieren que se les controle; no les interesa eso”. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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Soraya Herrera es presidenta del Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Cavat). Comenzó en esta actividad luego de que el 1 de septiembre del 2007, un vehículo atropellara y le quitara la vida a su hija, la joven Nicole Paredes.

Herrera considera que los accidentes viales son evitables con acciones concretas. “Los países que han logrado bajar el número de siniestros es porque se han empoderado de esta temática”.

¿Qué hacer para frenar los accidentes viales? En lo que va del año ya se contabilizan 1 433 muertes.

Mire, estamos a más de un año de haber firmado el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, pero esto camina a paso de tortuga. Las actividades que están programadas no se cumplen. Por ejemplo, había una propuesta para que se controlaran los permisos de operación que se entregan a cooperativas de buses y no se ejecuta. ¿A quién se da esos permisos? Las cooperativas de buses intra e interprovinciales tienen que ser corresponsables de lo que está pasando con los accidentes. No es solo cuestión del dueño del bus. La responsabilidad empresarial tiene mucho que ver.

Pero a los choferes también hay que controlarlos.

Claro. ¿Qué conductores están detrás del volante? ¿Son aptos? Nosotros, como Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Cavat), hemos sido parte de la evaluación a los conductores. Allí se ha visto que las preguntas que se les plantea son infantiles. Se les pregunta: ¿qué significa el disco Pare? Ese no es el tipo de evaluación que nosotros habíamos solicitado, que habíamos trabajado en varias reuniones. Pedimos que los choferes tengan por lo menos títulos de bachilleres, que tengan experiencia, pero vemos que esto también se incumple.

¿Por qué?

Hay compromisos políticos-gremiales. Por ejemplo, se analizó la posibilidad de incluir sistemas tecnológicos en buses, para poder controlarlos, pero tampoco ha avanzado. ¿Sabe por qué? Porque los transportistas no lo permiten. No quieren que se les controle.

Entonces, ¿cómo avanzar en la seguridad vial?

La política pública debe ser pensada y fiscalizada en favor de los ciudadanos. Hay que educar a los conductores. ¿Por qué para sacar una licencia profesional solo hay que pasar siete meses de curso? En otros países sucede todo lo contrario. Primero se saca una licencia sportman, luego la B, la C, la D y la E.Esa es la forma correcta. No puede ser que con un curso de siete meses y 18 años de edad una persona ya tenga un permiso para manejar un bus interprovincial.

Cavat ha estado en Naciones Unidas y países de Europa. ¿Qué experiencia se puede replicar para superar este problema?

Como miembros de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial trajimos a Ecuador al director General de Tráfico de España, Pere Navarro. Él explicaba que en su país quien pierde los puntos de la licencia no puede manejar hasta recuperarlos. Pero aquí, los choferes tienen cero puntos y siguen al volante. Se necesita un control riguroso, para saber quiénes son esos choferes y en dónde están. Pero no vayamos muy lejos. Chile tiene una buena ­experiencia en educación. En zonas urbanas bajaron el máximo de velocidad de 60 a 50 km/hora. Todo es cuestión de educación.

En cuanto a la revisión técnica, ¿qué experiencias han podido recoger?

La Organización de Naciones Unidas recomienda que los vehículos que tengan mayor recorrido pasen por dos revisiones al año. Aquí, por satisfacer las demandas del gremio, eliminaron una revisión. Hoy la autoridad ha obligado a que los interprovinciales pasen por la revisión técnica y resulta que la mayoría de cantones no tiene centros con tecnología para hacer ese trabajo.

Pero esos temas deberían discutirse entre los integrantes del Pacto Vial.
Pensábamos que el Pacto Vial era una oportunidad grandiosa para cambiar esto. Se hacen cosas, pero como digo, todo camina a paso lento. Se hacen actividades, pero ¿qué tan efectivas son? ¿Estas actividades están realmente encaminadas a reducir las víctimas mortales? Hemos preguntado varias veces a la Gerencia del Pacto Vial cuál es el recurso que se ha asignado para las campañas, para las capacitaciones, para la articulación con otras entidades que trabajan en el tema.

¿Y qué ha respondido?

No se ha asignado ni un solo dólar. Según recomendaciones de Naciones Unidas, a la seguridad vial hay que asignarle recursos, para dar charlas, para hacer campañas, para fiscalización, para control, para capacitación de los choferes, de los ciudadanos. El artículo 4 de la Ley de Tránsito dice que el Estado garantizará la educación vial a todo nivel de enseñanza. Esto significa que abarcará desde el jardín de infantes hasta los universita­rios. Eso se debe hacer.

¿Hay otros puntos fijados por el Pacto Vial que no se han concretado?

Hacemos un llamado al Presidente de la República, para que las acciones planteadas se cumplan. Yo estimo que de las metas analizadas al inicio del trabajo del Pacto Vial, el año pasado, se ha cubierto un 20%. Había tareas a corto plazo que tampoco se han desarrollado. Por ejemplo, se habló de la creación de una Oficina de Atención a Víctimas de Accidentes. Ahora resulta que esa oficina es el Sppat (seguro de siniestros). No se creó ninguna oficina. En esas pequeñas cosas hay incumplimientos, hay tomadura de pelo.

¿Cuál ha sido la respuesta ante esto?

Las organizaciones sociales estamos reclamando que se cumpla todo, porque la gente se sigue muriendo en las vías. Mire, los transportistas están metidos en todo lado: en la Asamblea, en la Agencia de Tránsito, en el Ministerio. Está bien que haya una buena relación con la autoridad, pero la autoridad también debe hacer respetar las normas.

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