10 de diciembre de 2019 16:37

Secretaría de DD.HH. dice que el Estado sí cumplirá las medidas cautelares para Paola Pabón y otros detenidos

El Gobierno de Pichincha concedió vacaciones a Paola Pabón, prefecta de la provincia desde mayo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El Gobierno de Pichincha concedió vacaciones a Paola Pabón, prefecta de la provincia desde mayo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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La Secretaría de Derechos Humanos coordinará el cumplimiento de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el exasambleísta, Virgilio Hernández, y el activista político, Christian González, quienes están presos por el supuesto delito de instigación a la rebelión en las protestas de octubre pasado.

A través de un comunicado, difundido este martes 10 de diciembre del 2012, la Secretaría de Derechos Humanos indicó que ya se inició “la reunión de coordinación de dichas medidas con las instituciones a cargo de la Rehabilitación Social y garantías de derechos en los centros de privación de la libertad”. Agregó que en los próximos días se convocará a los representantes de los tres procesados “para que las medidas que se adopten sean acordadas”.

La semana pasada, la CIDH resolvió entregar medidas cautelares a Pabón, Hernández y González, quienes están procesados por supuesta rebelión tras las protestas de octubre. Estas medidas se dan en dos aspectos: para proteger los derechos a la vida y los derechos la integridad personal.

Estas se otorgaron después de que los tres procesados denunciaron haber sido hostigados y amenazados dentro de los centros de detención por parte de otros presos, quienes los han llamado “escoria correísta”.

Ellos también dijeron que el Gobierno, a través de mensajes públicos, ha acusado al movimiento correísta de estar detrás de las manifestaciones violentas e intentos de desestabilización y que eso ha generado inseguridad para ellos dentro de las cárceles.

Por otro lado, los abogados han dicho que los tres deben recuperar su libertad, pues es la única forma que el Estado pueda garantizar la integridad y seguridad personal de sus clientes. Además, también se garantiza que Pabón no pierda su cargo conseguido mediante elección popular.

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