La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida desde el 14 de octubre del 2019. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
En la cuenta de Twitter de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se publicó el miércoles 30 de octubre del 2019 una comunicación que pertenecería a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la misiva, fechada el 21 de octubre del 2019, se solicita al Gobierno de Ecuador enviar un informe sobre el número de personas arrestadas en el contexto de las protestas, así como los casos de los ciudadanos que afrontan procesos penales en libertad. También se pide un reporte de la situación de los detenidos que ostentan o han ostentado cargos de elección popular o función pública.
El área de comunicación de la CIDH dijo a este Diario que la Comisión no puede dar información sobre documentos de carácter reservado. “No podemos confirmar ni negar la veracidad de la carta”. El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller José Valencia, tampoco se ha pronunciado.
En el perfil de Twitter de Pabón se habla de una persecución política en su contra. En la carta que pertenecería a la CIDH, se solicita al Gobierno información sobre las detenciones de la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce; del asambleísta correísta, Yoffre Poma; así como de los asesores de la prefecta de Pichincha, Christian González y Pablo del Hierro.
Además, se consulta sobre la situación de los asambleístas correístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina, quienes solicitaron protección a la Embajada de México en Quito. Según el documento, la CIDH dio un plazo de 15 días para que el Gobierno remita un informe sobre los datos solicitados, el cual culminaría el 5 de noviembre.
El 28 de octubre pasado una misión de observación de la CIDH inició sus actividades en Ecuador, para recabar información sobre el accionar del Gobierno durante las protestas. Se indagará si hubo vulneración a derechos humanos. La instancia se ha reunido con actores sociales, ministros de Estado, la Fiscal General del Estado, la Corte Constitucional, entre otras autoridades.
Este miércoles 30 de octubre del 2019, la misión de la CIDH tenía previsto visitar el Centro de Detención de Cotopaxi, donde se encuentra la prefecta Paola Pabón, cumpliendo una orden de prisión preventiva.
El martes 29 de octubre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, refirió que se han reunido tanto con la misión de observación de las Naciones Unidas (ONU), como con la delegación de la CIDH. Según la funcionaria, el Gobierno presentó a los dos organismos un “informe preliminar que contiene toda la información necesaria para su análisis”, referente a los hechos que se dieron durante las paralizaciones.
“Tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional hemos consolidado la información, y Cancillería entregará un informe de todas las medidas que se tomaron, disuasivas y de seguridad. También de las afectaciones a la producción, del tema petrolero (…) Es un consolidado que no solo implica los temas de seguridad sino otros asuntos que son de importancia para las misiones internacionales que se encuentran en el país”, aseguró.
Freddy Carrión, defensor del Pueblo, se reunió con los relatores de la CIDH el lunes 28 de octubre. Ese día el funcionario entregó un reporte levantado por esa entidad, que da cuenta de 1 192 aprehensiones, 1 340 personas heridas y 10 fallecidos durante el paro, hasta esa fecha. Según el titular de la Defensoría, el 76% de las aprehensiones fue arbitraria.