La Corte Nacional de Justicia condenó a Pablo Romero a nueve años de cárcel por el secuestro del activista Balda. Foto: Archivo EL COMERCIO
Pablo Humberto Romero Quezada, exjefe de Inteligencia de Rafael Correa y sentenciado a 9 años de cárcel por el secuestro del activista Fernando Balda, fue electo precandidato para la Asamblea Nacional bajo el movimiento Centro Democrático (CD).
La organización política realizó este 22 de agosto del 2020 sus elecciones primarias vía telemática. Así, Romero ocupa el casillero 12 como candidato principal en la lista para legisladores nacionales.
Enrique Menoscal, director nacional de CD, confirmó la postulación. El directivo indicó que Romero no tiene una sentencia ejecutoriada.
“El CNE tiene todo el derecho de objetarla, pero tiene que argumentar por qué no la acepta, tiene que enviarnos por escrito explicando la no inscripción, nosotros creemos que tenemos argumentos para registrarla, al igual que la candidatura del expresidente Correa”, defendió.
La Corte Nacional de Justicia condenó a Pablo Romero a nueve años de cárcel por el secuestro del activista Balda. La decisión se tomó el pasado 14 de agosto. La Fiscalía aseguró que el secuestro se perpetró en Bogotá y que se utilizaron fondos públicos de la cuenta de gastos especiales de la extinta Secretaría de Inteligencia.
También dijo que el delito fue coordinado por Romero desde Ecuador y ordenado por el expresidente Rafael Correa, quien también está procesado en esta causa, pero no puede ser juzgado hasta que regrese al país. La defensa de Romero dice que su cliente es inocente.
No obstante, Menoscal afirmó que el tener un proceso en contra no significa que sea culpable. “Que la gente quiera prejuzgarlo, está bien, pero nosotros somos consistentes y creemos que es inocente”.
En la lista también llamó la atención la inclusión de Ángel Sagbay. Él encabeza la lista de asambleístas en Morona Santiago.
Sagbay había denunciado a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña por supuestos cobros. En sus declaraciones, indicó que mientras trabajaba en el Legislativo, Vicuña le exigía a él y a sus compañeros un pago mensual entre USD 300 y USD 1 400. Aseguró que la entrega del dinero era obligatoria y si no aportaba debía dejar el cargo. Por este caso, la guayaquileña renunció al cargo.