Pablo Dávila, vocal del Consejo de Participación Ciudadana. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Apenas el Consejo de la Judicatura anunció que evaluaría a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) lanzó una resolución para impedirlo. Esto, luego de algunas acciones y desacuerdos entre los consejeros de la Judicatura. Pablo Dávila, vocal de Cpccs-t, reflexiona sobre la Judicatura.
Con una Corte Nacional de Justicia cuestionada ¿Cómo esa institución va a nombrar una terna de la que saldrá el presidente del Consejo de la Judicatura? Es un problema de la transición…
En el escenario ideal nosotros hubiéramos querido que la Corte Nacional de Justicia sea evaluada por el Consejo de la Judicatura transitorio. Esa fue una de las razones y esperamos que el país pueda ver la hora de nombrar a un consejo de la judicatura transitorio que cumpla con su función de evaluación. Y por esa razón nosotros nombramos al Consejo para que inmediatamente cumpla con el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Pero desafortunadamente eso no ocurrió y ahora nos vemos en la obligación, por respetar de una manera objetiva los procesos de reinstitucionalización del Estado, de limitar una evaluación que desafortunadamente solo en términos de tiempo podría atentar contra derechos y contra el debido proceso.
¿Habrá una sanción?
Yo creo que la sanción del país y el reconocimiento de la ciudadanía de que las cosas no se hicieron bien es la principal sanción para los actores que han estado en esta posición.
También es fácil salir y hacer un anuncio como el de los sobreprecios en las contrataciones de los edificios de la judicatura y borrar lo que ha pasado…
Nosotros tomamos una decisión y creo que el país conoce nuestra postura. Hubiéramos querido no tener que llegar a ese punto, pero el haber tenido que ‘frentear’ este asunto y limitar el actuar del Consejo de la Judicatura demuestra cuál es nuestra posición.
¿Ese fue el castigo?
No creo que sea un castigo. Era una decisión necesaria para rescatar el proceso de reinstitucionalización del país.
Digo así porque revisaron su primera resolución, que fue quitarle algunas competencias al Consejo de la Judicatura…
En la resolución inicial quitamos la competencia de designar, evaluar y sancionar a los jueces. Con la carta que mandó el presidente del Consejo de la Judicatura se demuestra objetivamente que hay muchos procesos de sanción en marcha. Si el Consejo de Participación Ciudadana está obligado a velar por la institucionalidad, en este caso del actuar de los jueces, y ellos corren el riesgo de que se actúe de una manera totalmente sin control, vimos necesario devolverles la atribución para que terminen los procesos pendientes, pero solo en esa parte, no respecto a la evaluación que era lo que nos preocupaba esencialmente.
Suena a un problema del Consejo de Participación, que no hizo bien la primera resolución…
¿Por qué?
Porque les tocó reformar…
El problema que estábamos enfrentando en primera instancia era un problema de evaluación. Nunca vimos el tema de las sanciones y de los procesos; a nuestros ojos, el actuar del Consejo de la Judicatura transitorio no era el correcto. Teníamos que corregir un potencial proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Tomamos una decisión al respecto, luego nos presentan evidencia real y objetiva de que en otro ámbito hay un problema particular que debe ser corregido.
Pero también hay que reconocer sus errores…
Sí, yo no digo que no. Es lo único que le estoy justificando. No teníamos esa información antes. Si la hubiésemos tenido, seguramente hubiéramos reflexionado adecuadamente, pero en este tema apenas nos entregaron la información, corregimos lo que había que corregir. Si no lo hubiéramos hecho seguramente el país nos diría oigan, por qué no toman la decisión correcta.
¿Fue un error haber nombrado a este Consejo de la Judicatura transitorio?
Creo que fue un error. Lamentablemente no podíamos prever la implosión
que iba a tener el consejo. Pero hay un elemento fundamental en el servicio público y es que todos los actores deben tener la capacidad de articular el trabajo en función de la institución, y vivimos que eso no pasó. Muy difícil preverlo no en su debido momento, pero creo que somos corresponsables de lo que ha pasado en el Consejo de la Judicatura transitorio.
¿Qué le queda al nuevo Consejo de Participación una vez que ustedes ya evaluaron y ya nombraron a todas las autoridades?
Creo que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Es demasiado el poder que tiene. Hemos testificado en el pasado el abuso y la cooptación de poder que se dio a través del Consejo para designar autoridades que solo sirvieron al poder del Ejecutivo. Y ahora estamos metidos en un proceso de institucionalización para tratar de desmontar precisamente eso. Para mí, en términos generales, el Consejo debería desaparecer. Sin embargo, creo que el país debe meterse en un debate a fondo sobre la existencia o no de Consejo o, por último, sobre las atribuciones que tiene. El Consejo no debería tener por lo menos atribución de designar autoridades.
Hoja de vida
Abogado de la Universidad Católica del Ecuador. Tiene un masterado de Políticas Públicas en la Universidad de Edimburgo. Ha sido presidente de la Cámara de la Industrias y Producción, así como de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y del Comité Empresarial Binacional Ecuador-Perú.
Servicio público. En el 2017 integró el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, conformado por la Presidencia de la República.