3 de diciembre de 2018 21:45

Contralor dice que la denuncia en su contra carece de sustento legal

En la imagen, el contralor subrogante, Pablo Celi, quien será investigado por la Fiscalía debido a una denuncia por un supuesto delito de usurpación de funciones. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

En la imagen, el contralor subrogante, Pablo Celi, quien será investigado por la Fiscalía debido a una denuncia por un supuesto delito de usurpación de funciones. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Redacción Seguridad
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El contralor general del Estado, Pablo Celi, se refirió, hoy 3 de diciembre del 2018, a la denuncia presentada por el ciudadano José Regata por una supuesta usurpación de funciones de Celi y el exfiscal del Estado, Paúl Pérez.

En una intervención ante la prensa, que duró cinco minutos, el Contralor aseguró que la denuncia carece de sustento legal. "Pienso que el objetivo de esta denuncia es exclusivamente político", señaló.

Además, Celi adelantó que entregará toda la documentación que solicite la Fiscalía. Según el Contralor, el objetivo de estas acciones es "deslegitimar" a los autoridades que ejercen funciones públicas en el país.

"Es lamentable que con actuaciones que carecen de todo sustento legal se pretenda retardar procesos, impedir que se concluyan investigaciones y evitar que la Fiscalía se pronuncie sobre indicios que hemos presentado", añadió Celi.

En cuanto a los rumores sobre su renuncia, el Contralor aseguró que no dejará esta institución y que él ejerce una subrogación por mandato de la Ley.

Por la apertura de la indagación previa que la Fiscalía lleva en su contra Celi indicó que le admira que haya habido "una gran celeridad" para acoger una denuncia "sin sustento" y mucha lentitud para acoger los indicios penales que la Contraloría ha presentado en este año en todos los sectores del Estado.

Las declaraciones las realizó en la entrega del premio Juan Montalvo de la Cámara de Comercio de Quito a Pablo Celi. Esta Cámara entrega este reconocimiento a las personas que defienden los derechos civiles, las garantías penales y la transparencia en la gestión pública.

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