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Pablo Celi, Contralor General del Estado: es fundamental un proceso de reencuentro nacional con agenda inclusiva

El contralor Pablo Celi realizó un recorrido el miércoles 6 de noviembre del 2019 por las instalaciones del edificio de la Contraloría en Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El contralor Pablo Celi realizó un recorrido el miércoles 6 de noviembre del 2019 por las instalaciones del edificio de la Contraloría en Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El contralor Pablo Celi realizó un recorrido el miércoles 6 de noviembre del 2019 por las instalaciones del edificio de la Contraloría en Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

¿Qué mensaje se quiso dejar con el ataque a la Contraloría General del Estado durante las protestas de octubre?
El ataque a la Contraloría no es un hecho aislado; se da en medio de un ambiente de agitación social, en donde hay una protesta o demanda social que tiene un contexto de medidas económicas, pero también hay un contexto de demandas sociales que han sido postergadas por mucho tiempo.

¿Fue una protesta legítima entonces?
Hay un contexto de derechos sociales que es legítima y hay un ámbito constitucional para expresarse. Sin embargo, en el escenario donde se genera esta demanda fue aprovechado por grupos que, de manera conspirativa y violenta, intentaron desequilibrar el sistema político y afectar severamente a la institucionalidad pública del país.

¿Fue un ataque a la Democracia?

Hubo una conspiración contra el orden democrático y se intentó aprovechar un ambiente de tensión social.

¿Qué mensaje dejó esto?
Hay algunos efectos, primero la búsqueda de destrucción de documentos que sustentan procesos administrativos. Hubo un intento también por sabotear el desempeño institucional y hay un acto de acción clara orientada a quebrar las instituciones públicas.

Usted se sentó en la mesa de diálogo con los líderes indígenas para llegar a un acuerdo con ellos. ¿Los libera de responsabilidad de todo lo que ocurrió?
Yo establecí desde el inicio una clara diferenciación de la protesta social legítima, cuyos reclamos el Estado deba saber canalizar, de lo que constituyen las acciones conspirativas que buscan aprovechar el ambiente de agitación para lograr una desestabilización política.

Usted hace esa separación. Pero los líderes indígenas piden públicamente libertad para sus presos e incluyen a los que están detenidos por haber destruido el edificio de la Contraloría.
Hay que hacer esa diferenciación para poder tratar de manera proporcional y adecuada a los actores, en sus distintos niveles de responsabilidad.

¿Tiene alguna responsabilidad la Conaie sobre la violencia en las calles o la violencia en el campo?
Es responsabilidad de la Conaie establecer un proceso de legitimación de sus reivindicaciones y, por supuesto, los dirigentes indígenas tienen ante el país la obligación de establecer el alcance de sus reivindicaciones y el alcance de su responsabilidad de los hechos vividos.

¿Su participación en el proceso de diálogo fue como actor político?

Mi participación fue como presidente de la Función de Transparencia y Control Social. No nos auto convocamos. El Presidente de la República y las Naciones Unidas citaron a los presidentes de las cinco funciones del Estado. No fuimos en calidad de mediadores, sino como instituciones acompañantes y observadoras de cómo se desarrollaba el proceso de diálogo.

¿Al sentarse allí su intención era respaldar al Presidente?

Yo creo que habido una coincidencia absoluta entre las instituciones públicas en el respaldo a la institucionalidad democrática. Es algo inadmisible que actuaciones de carácter subversivo puedan legitimarse desde algún punto de vista. De esto ha habido una respuesta de la sociedad, pero también del Estado que ha legitimado el Estado de Derecho.

El Estado de Derecho también es perseguir y condenar a los violentos.
En esos días hubo acciones que el país no las había conocido, fueron acciones que no solo golpearon la institucionalidad, sino que buscan romper el tejido social. Acciones de amedrentamiento, de pánico en algunas ciudades del país, se asaltaron residencias, medios de comunicación, bloquearon vías y centros de abastecimiento de alimentos; hubo caos y desorden. No fueron acciones aisladas. Hay una deliberada planificación.

¿Quién o quiénes están detrás de todo esto?
Grupos organizados.

¿Qué tipo de grupos?

Yo he venido señalando que el Ecuador cometió un grave error al suponer que el correísmo es un actor democrático con quien la sociedad debe tener un tratamiento estrictamente electoral. Con estas acciones se demuestra que los elementos agrupados, alrededor de sus consignas, están dispuestos a acciones absolutamente ilegítimas, al margen de la ley.

¿Fue el correísmo?
Sí, puesto que ha sido esa y no otra organización política la que convocó en esos días a un desacato a las autoridades, a un levantamiento social, que pretendió además legitimar las acciones de fuerza incluso de manera lesiva a la sociedad y Estado ecuatoriano haciendo llamamientos para que se levanten las Fuerzas Armadas.

¿Usted dice que el correísmo no cree en la democracia?

El correísmo ha demostrado que no es una fuerza democrática, ha demostrado que es una fuerza conspirativa y atentatoria contra la estabilidad democrática del país. Ha puesto a unos ecuatorianos con otros, ha empujado a una situación de violencia que lesiona los derechos de la sociedad.

La institucionalidad y hasta el tejido social quedó mal trecho después de las manifestaciones. ¿Qué se puede hacer ahora?
Creo que es fundamental un proceso de reencuentro nacional con base en una agenda inclusiva de los diversos actores: movimientos sociales, campesino-indígena, trabajadores, sector empresarial, intelectualidad, medios de comunicación. El conjunto de los actores sociales y políticos del país deben concurrir y llevar adelante una agenda de reconstitución institucional y de la economía del país a través el diálogo.

¿Diálogo para buscar soluciones económicas?
Es importante un plan de recuperación económica del país, pues las lesiones heredadas de la década de la arbitrariedad y el abuso son muy grandes. Y las lesiones que han quedado en el Estado y el tejido social, como resultado de la violencia vivida, requieren un activo diálogo para desarrollar una perspectiva a largo plazo para que nos dé al país garantías jurídicas y una paz social.

¿Aún se puede dialogar pese al extremismo?
Yo no creo que pueda existir ninguna sustentación ideológica para desatar actos de terrorismo, de sabotaje y de amedrentamiento. Actuaciones criminales no pueden tener sustos ideológicos. Aquí no hay un problema ideológico con el correísmo, el correísmo ha sido una fuerza tradicionalmente impostora. Rafael Correa es un caudillo fanatizador sin una ideología clara. No es una agrupación política que exprese lo que una izquierda debería expresar, que son los intereses sociales, los intereses populares y nacionales. Nada de esto está contenido con el discurso fanático de quienes se adhieren a un caudillo obsesivo, sediento de poder personal y que no tiene ningún escrúpulo en atentar contra el orden político del país.

¿Dónde queda la justicia para las víctimas de la violencia? De hecho, la misma Contraloría es una víctima.
Debemos estar claros de lo que constituye un proceso político y lo que son los procesos judiciales. Creo que la Fiscalía está llevando adelante un papel muy importante de investigación. Se han dado actos delictivos y criminales que deben ser objeto de un severo tratamiento de la justicia. En el caso de la Contraloría, nosotros exigimos investigación y sanción severa. Los procesos de judicialización son un paso indispensable. Ha habido llamamientos a desconocer el orden jurídico vigente.

El señor Jaime Vargas, de la Conaie, habló de crear un Ejército, aunque luego dijo que no era así. ¿Eso es un desconocimiento del orden jurídico del Estado?
Todo tipo de expresión que desconozca el ordenamiento jurídico del país tiene que tener el límite de la ley y del debido proceso. Sin lugar a duda, las investigaciones son indispensables.

Después de las manifestaciones y el diálogo televisado, puede decirse que las cosas pueden imponerse a la fuerza.
Ningún proceso económico se sostiene con la fuerza, ningún proceso social tampoco. Históricamente todas las experiencias en el mundo han demostrado que solo tienen legitimidad y sostenibilidad en el tiempo, aquellos procesos que se sustentan en intereses reconocidos, en intereses sociales.

¿Cuál es el desafío para el país?
Consolidar una democracia con derecho social, eso es tener políticas inclusivas y tener una disposición desde el Gobierno a ejercer la capacidad redistributiva del Estado y desde los particulares a cooperar un proceso de desarrollo nacional.

¿Tiene usted algún interés electoral?
Creo que este es un momento donde todo cálculo prematuro de los procesos electorales debe quedar al margen de la actuación política. Si algo hace daño en este momento de la crisis es anteponer cálculos electorales. El país no está para cálculos electorales. Yo no soy un actor electoral ni político, soy, en este momento, el Contralor General del Estado y tengo una responsabilidad institucional.

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