4 de enero de 2019 13:24

12 de las 36 oficinas de la Unidad Especializada de Otavalo están desocupadas

La casa de la Judicatura de Otavalo. Foto: Alvaro Pineda para  EL COMERCIO

La casa de la Judicatura de Otavalo. Foto: Alvaro Pineda para EL COMERCIO

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Redacción Sierra Norte

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Los problemas con los edificios judiciales también se repiten en Imbabura. En el caso de Otavalo, 12 de las 36 oficinas de la Unidad Especializada están desocupadas. Esta dependencia, que tiene un área de construcción de 5 500 m2, está compuesta por dos edificios de tres niveles cada uno, unidos por un puente peatonal.

El local, que fue inaugurado el 17 de abril del 2013, se muestra moderno. Sin embargo, en un costado del edificio, conocido como ala norte, comenzó a inclinarse. El piso de las oficinas, situada en el primer nivel, sobre la planta baja, comenzó a cuartearse hace un año y medio, recuerda Rolando Mejía, uno de los jueces de esta institución, que tiene su oficina en la zona afectada.

El problema es que esa parte de la infraestructura tiene un volado de seis metros. El peso de las oficinas más los sismos que han ocurrido en el país generaron problemas. Un técnico explicó que pare evitar eso se debió construir columnas en la parte baja, explica Alí López, coordinador del Complejo Judicial de Otavalo.

La edificación está equipada con seis salas de audiencias, dos salas de archivo, salas de espera, despachos para los jueces, entre otros, en donde laboran 54 personas, explica Andrea Cazar, delegada del Consejo de la Judicatura, en Imbabura.

Una funcionaria recuerda que hace dos años laboraba casi el doble de personal. Sin embargo, 12 fueron trasladados a la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y a la Familia y otros han salido por renuncias o recorte de personal de años anteriores, comenta Cazar.

En Otavalo 12 de las 36 oficinas de la Unidad Especializada están desocupadas. Foto: Alvaro Pineda para EL COMERCIO

En Otavalo 12 de las 36 oficinas de la Unidad Especializada están desocupadas. Foto: Alvaro Pineda para EL COMERCIO

Algo parecido sucede en la Oficina Judicial Multicompetente del cantón Antonio Ante. La infraestructura de dos plantas, que tiene 1 700 m2, fue inaugurada en marzo del 2014.

El edificio tiene 27 oficinas, entre salas de audiencia, oficinas de los jueces, bodegas, archivos. Ahí laboran 23 funcionarios judiciales. Hay dos espacios aparentemente vacíos. Se trata de una sala de espera de testigos y otra sala para los procesados que llegan durante las audiencias de juzgamiento.

La oficina Judicial Multicompetente del cantón Cotacachi, entre tanto, está ubicada junto a la Plaza del Sol, en el ingreso de la urbe. Tiene 20 oficinas, en la planta baja y primero y segundo pisos.

Ahí laboran 15 funcionarios judiciales. Al igual que en el resto de dependencias han sufrido el recorte de personal y no han podido cubrirlo, porque existe una prohibición, asegura Andrea Cazar.

Es por ello que los ayudantes judiciales, gestores de archivo y técnicos de ventanilla se alternan las tareas, asegura.

Igualmente, el coordinador judicial de Cotacachi tiene que atender a la oficina de Antonio Ante. Según Cazar, sucede lo mismo con el coordinador de Urcuquí que deben repartir su tiempo de trabajo en la oficina de Pimampiro.

La dependencia de Cotacachi es la única que tiene una Cámara Gesell, con un cristal que permite que las víctimas de violencia observar a sus agresores sin ser vistos.

Sin embargo, no está terminada. La delegada provincial asegura que se requiere USD 16 000 para terminal de equiparla instalando los equipos de audios.

Las otras dependencias de Otavalo y Antonio Ante no cuentan con este servicio. Es por ello que cuando se requiere los servicios de una Cámara Gesell tienen que movilizarse al edificio del Consejo de la Judicatura, de Ibarra.

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