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Organizaciones de la sociedad civil piden reformas a la Ley de Comunicación

Diego Cornejo y César Ricaurte entregaron un comunicado dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Foto: EL COMERCIO

Diego Cornejo y César Ricaurte entregaron un comunicado dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Foto: EL COMERCIO

Diego Cornejo y César Ricaurte entregaron un comunicado dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Foto: EL COMERCIO

En dos puntos del informe del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre el Ecuador se hace observaciones a la Ley de Comunicación (LOC). Por lo que este martes, 2 de agosto, representantes de organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Asamblea Nacional iniciar un trámite de reformas a ese cuerpo legal.

Fundamedios, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Plataforma de Derechos Humanos entregaron un comunicado dirigido a la presidenta del órgano legislativo, Gabriela Rivadeneira.

En la misiva se solicita que se proceda a derogar la LOC para cumplir con las observaciones del Comité de la ONU, ya que en varios artículos la norma estaría opuesta al pacto de los derechos sociales y políticos del organismo internacional.

Según el informe, al Comité “le preocupa la información que indica que la Ley Orgánica de Comunicación, si bien consagra importantes principios relativos al derecho a la libertad de expresión, contendría algunas disposiciones que podrían afectar el pleno ejercicio de ese derecho”.

Por ejemplo, según el Comité, la obligatoriedad de algunos parámetros que podrían ser “ambiguos o desproporcionados, como por ejemplo la obligación de los medios de comunicación de cubrir y difundir los hechos de interés público”.

Así cómo “la prohibición de difundir información que de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada (…) con el propósito de desprestigiar a una persona o reducir su credibilidad pública (linchamiento mediático)”.

El informe recomienda al Estado ecuatoriano adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas.

Además, el pedido de las organizaciones sociales, encabezadas por Diego Cornejo y César Ricaurte, incluyó una audiencia con Rivadeneira para solicitar que el debate de las reformas incluyan a todos los actores de la comunicación del país.