El presidente Lenín Moreno suscribió el Decreto de las organizaciones ayer por la tarde, en el Palacio de Carondelet. Foto: Cortesía Secom
Tan pronto como se conoció la publicación del Decreto 193 -el lunes 23 de octubre del 2017 al final de la tarde- la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció que sus abogados iniciarán el proceso de reinscripción. La decisión presidencial abre la posibilidad para que recuperen su vida jurídica.
Con ese instrumento se eliminaron los decretos 16 y 739 que regulaban la conformación y las actividades de las organizaciones sociales. Ambos fueron una herencia del gobierno anterior.
El lunes, Moreno comentó que se busca eliminar las “trabas burocráticas” que constaban en los anteriores decretos ejecutivos. En ese sentido, agregó que se busca facilitar la organización social y civil.
Aunque según el nuevo Decreto 193 se mantienen las causales de disolución: desviarse de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas.
Con ese argumento se dio paso a la eliminación de varias organizaciones.
Antes de los decretos había 22 013 organizaciones de la sociedad civil registradas en diferentes carteras de Estado.
La Secretaría Nacional de Gestión Política confirmó a inicios de este año que 37 organizaciones se disolvieron y que cinco entraron en proceso de liquidación, desde la aplicación del Decreto 16.
Luego ese Decreto 16 fue absorbido en 2015 por una norma más extensa: el Decreto 739, que según las organizaciones conservó el espíritu “controlador”.
Entre los casos de organizaciones disueltas resaltan precisamente el de la Unión Nacional de Educadores y la Fundación Pachamama. Ambas fueron críticas a las políticas del Gobierno anterior.
Miembros de Pachamama protestaron, el 28 de noviembre del 2013, por la apertura de ofertas para 13 bloques, en la XI Ronda Petrolera del Sur Oriente. El Estado los acusó de atentar contra el orden público y la integridad física de los asistentes. La UNE, en cambio, fue liquidada en agosto del 2016. Se adujo que no cumplía los estatutos propios de la organización.
Pero la organización aseguró que fue un pretexto para eliminarla y evitar que se denunciaran políticas -a su juicio- que atentaban contra los maestros. Y también para golpear su estructura organizativa y evitar que protesten en las calles.
Moreno, desde la campaña electoral pasada, ofreció revisar esos decretos, los alcances y “hacer las modificaciones necesarias”.
El secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, comentó el lunes que con esa decisión no queda “ningún vestigio de un estado burocrático y controlador”. Recordó que la derogatoria respondió al pedido de las organizaciones sociales, sobre todo de las campesinas, montuvias, indígenas y gremiales. Esto en el marco del diálogo nacional.
A Carvajal no le preocupa la opinión de compañeros de la misma tienda política que fueron los que defendieron la vigencia de ambos decretos. “Ya nos dirán que eso es parte de la derecha como algunos andan diciendo. Las voces de Alianza País (AP) que están por el no (en la consulta popular)”.
El Secretario explicó que en diversas leyes y en la Constitución están los requisitos que deben cumplir las organizaciones sociales para funcionar y ser reconocidas por el Estado. Por lo que no ameritaba tener una normativa emitida desde el Ejecutivo para su control. “Se trata de que las organizaciones que quieran tener personería jurídica para acceder a recursos públicos o recursos de cooperación, tengan un mecanismo claro”.
En contexto
A través del proceso de diálogo impulsado por el Gobierno, este trata de reconstituir la relación política con las organizaciones de la sociedad civil y gremios. La derogación del Decreto 739 fue una de las demandas centrales de los colectivos sociales.