Organizaciones sociales planean presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra del reglamento del concurso para Defensor del Pueblo. Foto: Daniel Romero/ EL COMERCIO
Representantes de 20 organizaciones de Derechos Humanos, mediante una rueda de prensa realizad hoy, martes 15 de noviembre de 2016, expusieron su postura frente a la participación de Ramiro Rivadeneira en el concurso de mérito y oposición para la selección del cargo de Defensor del Pueblo.
Según Luis Ángel Saavedra, de INREDH, señaló que, el principal reparo que tienen a la postulación de Rivadeneira, quien fue defensor del Pueblo hasta el pasado 8 de noviembre, está que en su accionar ha demostrado defender la postura del Gobierno.
Saavedra comentó que, el ex defensor del Pueblo, llegó al cargo con el apoyo de varias organizaciones de defensa de Derechos Humanos. “Sus primeras acciones no demostraron que no iba a actuar como pensábamos. Una de las primeras cosas que hizo fue desestimar el informe sobre criminalización de la protesta que realizó su antecesor”, dijo.
No solo este caso los habría desencantado sino también el silencio ante los problemas de los pueblos indígenas con las petroleras, encarcelamiento de líderes sociales y casos como el de maltrato en la cárcel de Turi. “Lo que se requiere es una Defensoría para el Pueblo y no una para el Gobierno”, señaló Saavedra.
Esta no es la única razón por la que se oponen a la designación. Según Mario Melo, abogado de Derechos Humanos, el proceso carece de transparencia y legitimidad. Esto porque estas organizaciones sospechan que el concurso ya tiene como ganador a Rivadeneira.
Entre los reparos que tienen a la concurso están que, como parte del reglamento, se establece, por ejemplo, la posibilidad de obtener puntos n los casos en que los postulantes hayan participado dentro del servicio público.
También se otorgarían a los aspirantes que hayan implementado mecanismos de participación ciudadana. Sobre esto, Saavedra señaló que para desarrollar dichos mecanismos se requiere la aprobación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, requisito que varios postulantes que no son cercanos al organismo no han realizado.
Por ello, estas organizaciones planean presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra del reglamento del concurso. Además, hicieron una convocatoria para que el resto de organizaciones sociales y vinculadas a Derechos Humanos, no presenten candidatos para el cargo de Defensor del Pueblo.