Violentos choques entre manifestantes y la fuerza pública se registraron en Ecuador, durante las protestas sociales del 3 al 12 de octubre del 2019, que terminaron tras un acuerdo entre el Gobierno y la Conaie. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO
Varias organizaciones defensora de derechos humanos de Ecuador alertaron el miércoles 16 de octubre del 2019 sobre eventuales violaciones al debido proceso por parte de los operadores de justicia en torno a casos relacionados con las violentas protestas ocurridas en el país desde el jueves 3 de octubre hasta el domingo 16.
Las organizaciones Surkuna, Inredh, Amazon Frontlines, Comité Permanente de Derechos Humanos, Idea Dignidad y la Comisión Ecuménica de DD.HH. suscribieron una carta pública en la que alertan sobre los inconvenientes que dicen haber detectado.
Además, instaron a “los organismos internacionales de protección de derechos humanos para que, dentro de sus facultades, adviertan al Estado ecuatoriano sobre su obligación de actuar de acuerdo con estándares internacionales” sobre la aplicación de la justicia y del debido proceso.
Los grupos firmantes condenaron de forma “enérgica” varias “violaciones sistemáticas y generalizadas que se han presentado” en el ámbito de las protestas sociales y el Estado de excepción aplicado por el Gobierno para intentar controlarlas.
Durante los once días que duraron las manifestaciones “registramos hechos relativos a detenciones arbitrarias e ilegales, graves violaciones al debido proceso de varias personas en contexto de protesta social, por ejemplo, la negativa judicial a recibir recursos jurisdiccionales de Hábeas Corpus“, asegura el texto difundido el miércoles.
Además, advirtieron de casos de “incomunicación de detenidos” con sus abogados y familiares, traslado de detenidos a establecimientos militares o policiales y falta de tiempo para el ejercicio de una eficaz defensa, entre otros.
También denunciaron la “inobservancia del principio de mínima intervención penal respecto de conductas que no constituyen delitos, en especial la protesta social y los derechos de reunión y asociación”.
Asimismo, sobre “la presunta modificación de partes policiales para que no venciera el plazo de flagrancia”, y la identificación de 17 personas como “víctimas de falsos positivos judiciales, pretendiendo imputarles conductas penales sin las debidas pruebas“.
“Queremos llamar la atención sobre la importancia de garantizar en todo momento y a toda persona su derecho humano y constitucional al debido proceso conjuntamente con todas sus garantías”, apuntaron las organizaciones.
Recordaron que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se ha pronunciado sobre los principios del debido proceso legal, en el sentido de que estos “no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción”.
Por esas razones, hicieron “un llamado urgente al poder judicial para que mantenga su independencia en todas las actuaciones procesales en las que deba intervenir”.
Además, recalcaron que “la represión generalizada en contexto de protesta social ha sido debidamente denunciada por varios actores”, incluido organismos como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras.
Las protestas en Ecuador contra el Decreto 883 que eliminaba los subsidios a las gasolinas terminaron el domingo con un resultado de 8 muertos, más de 1 300 heridos y más de mil detenidos, según la Defensoría del Pueblo.