17 de septiembre de 2019 16:26

Organizaciones de derechos piden a la Asamblea Nacional que vote a favor del aborto por violación

Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Quito, señaló que la despenalización del aborto en casos de violación incide especialmente en las niñas del país.

Sybel Martínez (con micrófono), vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Quito, señaló que la despenalización del aborto en casos de violación incide especialmente en las niñas del país. Foto: Yadira Trujillo / EL COMERCIO

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Yadira Trujillo
Redactora (I)

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Los voceros de organizaciones que trabajan por los derechos humanos en Ecuador pidieron este martes 17 de septiembre a los asambleístas que voten a favor de la despenalización del aborto en casos de violación, incesto, estupro o inseminación no consentida. En el Pleno del Legislativo se definirá la tarde de hoy la reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), entre otros temas.

Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Quito, señaló que la despenalización del aborto en casos de violación incide especialmente en las niñas del país. Por eso hizo un llamado a los asambleístas para que “vuelvan la mirada” a este sector de la sociedad y voten a favor de las causales.

Martínez recordó que en siete de cada 10 violaciones, las víctimas son niñas, 80% de los casos producto de incesto. Además dijo que 40 niñas paren producto de incesto cada semana, por lo que no pueden ser criminalizadas en manos de la justicia.

El secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Nicolás Reyes, señaló que datos de la Fiscalía, de agosto del 2014 a junio del 2019, revelan que hubo 26 132 denuncias por violación en este período. El funcionario enfatizó en que una violación se equipara con la tortura, de acuerdo con instancias internacionales.

“El Estado debería garantizarles una reparación integral a las mujeres que sean víctimas de violación. Eso no va de la mano con la criminalización del aborto. La reparación debe llevar consigo el acompañamiento psicológico, de salud, entre otros”, precisó.

El 60% de violaciones a niñas y adolescentes está ligada al ámbito familiar, dijo Reyes. “¿Cómo podemos como sociedad y como Estado dejar que una niña de 12 años tenga un hijo que es producto de violencia?”.

El representante del Consejo para la Igualdad Intergeneracional también recordó a los asambleístas ecuatorianos que entes internacionales como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y la CIDH sostienen que Ecuador debe avanzar para no criminalizar abortos en casos de violencia sexual. “El país necesita avances normativos para solucionar este problema estructural”.

Reyes también señaló la importancia de que se discutan temas de violencia en sectores como el educativo, del deporte y de la Iglesia. “Esa debería ser la discusión para llegar a acuerdos y atacar la violencia. Se requiere marcar una agenda que permita resultados”.

Paulina Murillo
, adjunta de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, dijo que es impensable que se penalice a una mujer que ha sido abusada sexualmente. Aseguró que eso provoca que la mujer criminalizada acuda a la clandestinidad y ponga su vida en peligro.

También recordó que el artículo 85 de la Constitución del Ecuador exhorta al Estado para que se adecúe la normativa nacional a la internacional, en lo referente a los derechos humanos.

Paola Mera, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, enfatizó en que la penalización del aborto implica criminalizar la pobreza. “Una mujer que acude a un centro de salud por emergencia gineco-obstétrica pone en riesgo su libertad”, asegura.

Mientras que –añade– existen mujeres que pueden costearse la salud privada o viajar a países donde el aborto es legal. “Las que no pueden costear eso son las que mueren por abortos inseguros”.

En rueda de prensa, la funcionaria dio datos sobre lo que le cuesta a Ecuador la problemática que se tratará en la Asamblea. Se trata de una investigación del 2017, del Instituto Nacional de Salud Pública de México, con el apoyo de Senplades, el Ministerio de Salud, de Justicia y otros entes.

Según esta investigación, al país le cuesta USD 92,7 millones la oferta de planificación familiar, la atención de embarazos no deseados y sus complicaciones obstétricas, mientras que las muertes maternas y el no prevenir los embarazos indeseados le cuestan USD 380,3 millones.

Mera señaló que el país gasta USD 67,8 millones al año en la atención de embarazos no deseados, cuando prevenir uno cuesta USD 114, frente a los USD 612 que cuesta atenderlos. Eso significa que atender un embarazo no deseado cuesta 5,4 veces más que prevenirlo.

Según la misma investigación, al Ecuador le cuestan USD 2,3 millones las atenciones a las complicaciones producto de abortos inseguros. USD 158 costaría atender un aborto legal y seguro, frente a los USD 237 que se invierte en la atención de las consecuencias de uno inseguro.

Finalmente, explicó Mera, por USD 1 que se invierte en salud sexual y reproductiva, el Estado ahorra USD 17, lo que representa un ahorro de USD 472,9 millones al año, previniendo embarazos no deseados, atendiendo abortos legales y seguros, así como las complicaciones obstétricas.

La Iglesia Católica anunció su presencia en los exteriores de la Asamblea durante el segundo debate de reformas al COIP. También hicieron un llamado a los legisladores a no mancharse de sangre. Sybel Martínez señaló que “en Ecuador se legisla con leyes, no con creencias personales. Las sotanas de cuatro vicarios no pueden pesar más que la vida de niñas víctimas de abuso sexual”, sostuvo.

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