Redacción Negocios
El contralor General del Estado, Carlos Pólit, convocó hoy a las máximas autoridades de los organismos de control, quienes se reunieron durante dos horas y media en la Contraloría para rechazar el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluyó a Ecuador en una lista de países con deficiencias en el control del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Los representantes de la Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Telecomunicaciones calificaron de injustificado el pronunciamiento del GAFI y señalaron que “Ecuador dispone de instituciones que actúan coordinada y sistemáticamente, por la transparencia y control de todas las actividades de interés público consagradas en la Constitución de la República”.
En un comunicado señalaron que el país ha mantenido y mantiene un estricto apego al derecho internacional y una activa cooperación con todos los organismos, en cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en materia de lucha contra el lavado de activos, combate al narcotráfico y al terrorismo.
El comunicado añade que “Ecuador no tolera ninguna de las formas de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financia miento al terrorismo, tanto en su legislación interna, como en las acciones que desarrolla para prevenir la comisión de tales delitos en su territorio y en coordinación con otros Estados, en plena concordancia con los objetivos y recomendaciones presentadas por los organismos internacionales encargados de definir estándares comunes en la lucha contra el crimen”.
Asimismo, que se ha puesto en evidencia “la eficacia en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos conexos”, los cuales están tipificados y sancionados rigurosamente.
Las autoridades de control rechazaron las decisiones adoptadas por el GAFI, “por estar alejadas de la realidad jurídica, técnica e institucional del Ecuador y que podrían causar daños irreparables a la imagen del país y a su presencia en el concierto internacional”.