Varios periodistas realizaron este lunes 3 de diciembre del 2018 un pronunciamiento en apoyo a director general del canal de televisión 100 noticias Miguel Mora, quien es acusado en la Fiscalía de incitar al odio y la violencia, por familiares de víctimas del terrorismo en Nicaragua. Foto: EFE.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó hoy, lunes 3 de diciembre del 2018, la “represión” oficial contra el canal 100% Noticias, crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril del 2018.
“El Cenidh condena la represión contra el canal 100 % Noticias y todo su personal, especialmente en las últimas semanas contra sus directores Miguel Mora y Verónica Chávez“, señaló ese organismo humanitario en un pronunciamiento.
Según esa ONG, tanto Mora como Chávez “han sido objeto de una represión sostenida y peligrosa que trasciende las fronteras de un hostigamiento y la convierte en acciones que atentan contra la vida y la seguridad de los afectados”.
Advirtió que “las acciones emprendidas el día de hoy instrumentalizando a la Fiscalía y al Poder Judicial constituye una evidente criminalización de la libertad de expresión y al periodismo independiente con el fin de acallar sus voces violando así el derecho a la libertad de prensa y el derecho a informar que tienen los periodistas y los medios de comunicación”.
El Cenidh se refiere a la denuncia que interpusieron dos mujeres ante el Ministerio Público contra Mora por presuntamente incitar a la muerte, odio y violencia.
Francis Méndez y Mirlehn Martínez Ventura denunciaron a Mora ante el Ministerio Público, la primera como responsable de la muerte de su padre Guillermo Méndez Ortiz, “al incitar al odio“, y la segunda por la desaparición de su esposo.
“Exigimos al gobierno Ortega-Murillo que cese la represión y al Poder Judicial que no siga siendo instrumento de la misma”, continuó el organismo humanitario.
Esa ONG alertó a la comunidad y organismos internacionales “a redoblar su vigilancia sobre la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua y a fortalecer sus esfuerzos de acompañar la lucha cívica que se impulsa en el país”.
Mora señaló al Gobierno de Ortega de querer censurar su medio de comunicación por denunciar la represión oficial ejercida desde que estallaron las protestas sociales contra el Ejecutivo.
El periodista, con pasado sandinista y hoy crítico con el Gobierno, se declaró inocente de los cargos que le achacan y que no tiene “bañada sus manos con sangre”.
También denunció recién que existe desde el oficialismo una campaña de amenazas y persecución en su contra por su posición crítica con el Gobierno.
El estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión satelital retirar de su menú el canal 100% Noticias, según denunció esa televisora, que calificó esa medida “como parte de la persecución del Gobierno“.
Mora ha responsabilizado al presidente Ortega, a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y al jefe de la Policía Nacional y consuegro de los dignatarios, Francisco Díaz, de “cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia”.
El canal 100% Noticias fue sacado del aire al inicio de la crisis durante seis días, y sus representantes acusaron al Gobierno por dicha acción, supuestamente por transmitir los brotes de violencia de grupos que se oponían entonces a las nuevas medidas de seguridad social en el país.
El pasado 21 de octubre, el director de 100 % Noticias recibió el Gran Premio Libertad de Prensa 2018, que entregó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al periodismo independiente de Nicaragua.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.