3 de August de 2009 00:00

Oposición a ley contra los medios

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Caracas. El Nacional, GDA

Ningún país de América tiene una legislación penal como la que ha propuesto la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, para castigar hasta con cuatro años de cárcel lo que el Ministerio Público y un juez puedan calificar de delito mediático.

Si el proyecto presentado a la Asamblea Nacional por la máxima autoridad del Ministerio Público (la institución garante de la legalidad en el país) se convierte en ley, Venezuela acelerará su marcha atrás en materia de libertad de expresión.

Frank La Rue, relator especial para la libertad de expresión de la ONU, advierte que este tipo de normativas solo tiene cabida en regímenes en los que priva el fundamentalismo político o religioso. “Este es el mayor retroceso en materia de libertad de expresión desde la restauración de la democracia en América Latina”, afirma el representante del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría.

Héctor Faúndez, director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, asegura que la propuesta  se parece a la legislación que impuso Augusto Pinochet contra la prensa en Chile o a algunas medidas violatorias de la libertad de expresión e información en  la España franquista: “No conozco una legislación parecida en países democráticos”.

El asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Francisco Iturrazpe, recordó la historia del periodista  Horacio Verbitsky, condenado a prisión por usar el adjetivo asqueroso para referirse a un magistrado de la Corte Suprema de Argentina.

El caso fue elevado ante el sistema interamericano de derechos humanos. Se determinó que las leyes de desacato son incompatibles con el ejercicio del derecho a la libre expresión y a la información, por lo cual Argentina accedió a ajustar su legislación penal a los estándares internacionales.

Para la organización Human Rights Watch, la propuesta de ley es una “receta para la censura”. “Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Enrique Santos, directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, no tiene dudas de que la discusión tendrá dimensión continental. “Es el más grave intento de amordazar a la prensa que ha habido en los últimos años en la región. Si esto no motiva una movilización hemisférica de medios, periodistas y ciudadanos, estaremos siendo espectadores pasivos de la muerte lenta de la libertad de expresión y de la democracia en Venezuela”.

El vocero del Instituto Prensa y Sociedad, Ewald Scharfenberg, afirmó que los riesgos que implica el proyecto de ley de delitos mediáticos ya causaron eco en otros países y se relacionan con otros intentos de restringir la libertad de expresión, a través de la administración del espacio radioeléctrico en Argentina, Ecuador y Bolivia. En particular, en los dirigidos por gobernantes aliados del presidente Chávez.

Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Chamorro, indicó que en Nicaragua no existe algo parecido a este proyecto, pero que promoverán el debate para impedir que el presidente Daniel Ortega trate de emular esta idea.

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